El libanés al que han señalado por su relación con grupos terroristas asegura que no tiene ninguna relación con esto y sostiene que su situación legal no está vinculada a ninguna sentencia firme que lo relacione con actividades de esta naturaleza.
El afectado defiende que permanece en España con sus derechos constitucionales intactos y que el procedimiento en el que se encuentra inmerso tiene un carácter puramente administrativo y todavía en fase de alegaciones.
Su representación legal insiste en que no existe una resolución judicial firme que haya establecido una vinculación del ciudadano con el terrorismo.
En un escrito remitido a la dirección de este medio, el ciudadano libanés expresa su preocupación por el impacto que las informaciones publicadas pueden estar teniendo sobre su honor, su imagen y su situación personal.
Su abogada considera especialmente grave que se le pueda presentar ante la opinión pública como una persona relacionada con organizaciones terroristas sin que, según afirma, exista una resolución judicial firme.
La versión opuesta de la Policía
Una versión opuesta a la ofrecida por fuentes policiales, que señalaron que una vez identificado y localizado, se activó el procedimiento previsto para intentar hacer efectiva su salida del territorio nacional.
En estos momentos, el ciudadano libanés se encuentra en la calle, aunque sujeto a medidas judiciales. Según la información conocida, debe firmar cada martes en la Jefatura Superior, mientras permanece a expensas de las decisiones que se adopte de la Audiencia Nacional tras el recurso de la letrada.
El afectado niega cualquier relación con el terrorismo
La defensa se ampara en que no existe una sentencia firme ni una orden de expulsión que establezca las circunstancias que se le han atribuido.
Por ello, reclama que se diferencie entre las informaciones o fuentes que puedan haber dado origen al procedimiento y una condena o resolución judicial firme, que no existe en su caso.
El libanés también rechaza que pueda atribuírsele cualquier pertenencia o colaboración con grupos terroristas. Su representación considera que esa asociación, si se presenta como un hecho probado, puede provocar un daño especialmente difícil de reparar por las consecuencias que tiene una acusación de este calibre sobre la vida personal y social de cualquier ciudadano.
La defensa rechazó además las informaciones según las cuales Marruecos habría rechazado una eventual expulsión. Según el escrito presentado, no habría constancia documental de que exista una resolución de expulsión firme ni, por tanto, de que el Reino de Marruecos haya rechazado oficialmente una medida de este tipo.
La versión sobre Marruecos
El escrito sostiene que no existe un procedimiento de expulsión en los términos publicados y reclama que cualquier afirmación relativa a una actuación de las autoridades marroquíes esté respaldada por documentación oficial. La defensa considera que atribuir a un tercer Estado una decisión concreta exige disponer de fuentes que permitan acreditar esa actuación.
El afectado asegura que su situación actual se mantiene dentro de un procedimiento administrativo en España, en el que todavía puede formular alegaciones. Su defensa entiende que esta circunstancia resulta relevante para evitar que un trámite administrativo sea presentado públicamente como si existiera ya una decisión definitiva sobre su situación.
En este contexto, la representación del ciudadano ha trasladado formalmente su malestar y ha reclamado que se contraste la información antes de publicar nuevas afirmaciones sobre su situación. También advierte de que, si considera que persiste la difusión de datos que estima falsos, estudiará las acciones legales que correspondan.
Reclama que se preserve su derecho al honor
La defensa recuerda que el derecho a la información y la libertad de expresión deben convivir con el derecho al honor y que, cuando se realizan acusaciones especialmente graves, resulta fundamental comprobar el respaldo documental de los hechos publicados.
El ciudadano libanés insiste en que no quiere ser identificado públicamente con organizaciones terroristas ni con actuaciones que, según sostiene, no han sido establecidas mediante una resolución judicial firme. Su objetivo, afirma su representación, es que su situación sea explicada con precisión y sin convertir las sospechas o informaciones pendientes de acreditación en hechos definitivos.
Además, que su perfil tanto los tatuajes, como el tiempo que lleva fuera del país y el modo de vida no encajaría, ya que está totalmente prohibido, formar parte de un militante de terrorismo en el Líbano.
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