El
Ministerio Fiscal pide hasta 4 años de prisión al único acusado (porque la segunda persona que, en su día, fue acusada ya se conformó con una pena tras reconocer los hechos) de haber propinado golpes y patadas a los vehículos oficiales en los que viajaban, a su llegada a Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desplazados específicamente a la ciudad con motivo de la
crisis de mayo que se materializó en la entrada de miles de marroquíes en nuestra ciudad. Tal y como se recoge en el
escrito de calificación provisional a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro de Ceuta, se le relaciona con un
delito de resistencia y desobediencia grave a la autoridad del artículo 556 del Código Penal y con otro de daños del artículo 263.2.4 del mismo texto legal. Concurre la agravante de reincidencia respecto de la resistencia por lo que el Ministerio Público solicita penas de 1 año de prisión por uno de los delitos y 3 por el otro. A esto añade la imposición de 24 meses de multa a razón de 12 euros diarios y el abono de una indemnización a la empresa Alphabet Fleet de 252,38 euros por daños causados en uno de los vehículos camuflados.
Los hechos que han motivado el inicio de este procedimiento se produjeron el 18 de mayo del año pasado en las inmediaciones del helipuerto, a donde acudieron varias personas -unas 50, según estimó la Policía- conocedoras de que llegaba el presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La Fiscalía considera que el acusado actuó con ánimo de infringir el principio de autoridad y de menoscabar bienes de uso público, desoyendo reiteradamente las órdenes de los agentes policiales que se encontraban en el lugar para garantizar la seguridad y rebasando el cordón que habían desplegado para evitar precisamente el acercamiento de esos congregados a las autoridades.
Al paso de los vehículos, propinó golpes y patadas a la parte delantera izquierda y ventanilla de uno de ellos. Aquel episodio terminó cobrando protagonismo en medio de una de las situaciones más delicadas de las vividas en Ceuta. La congregación de personas en el entorno del helipuerto derivó en abucheos e insultos por un lado y en golpes al vehículo oficial por otro. Y además se hizo en presencia de todos los medios de comunicación que habían acudido al lugar a recoger la llegada de las principales autoridades, lo que terminó viralizando esas imágenes y dio pie además a la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional para identificar a los que habían cometido los delitos de desobediencia a la autoridad y daños. En un principio fueron dos los investigados por estos hechos, pero solo uno ha llegado al final con una acusación en su contra formulada por el Ministerio Fiscal que dará pie a un juicio oral en el Penal de nuestra ciudad, de acuerdo con las penas inicialmente solicitadas. En el caso del segundo investigado, ya se conformó al reconocer los hechos y por eso no habrá juicio contra él. La Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de la Policía Nacional fue la encargada de iniciar una investigación que llevó a la identificación de las personas, sin que se procediera a su detención en ningún momento pero sí a la toma de declaración como sospechosos de los hechos acontecidos. La Delegación del Gobierno llegó a reflejar en un comunicado de prensa que a esos dos investigados se sumaron otras ocho personas que fueron propuestas para sanción “de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana” por su participación en la concentración, sin que esa acción haya seguido por tanto por un cauce penal. Ese camino solo ha afectado al único acusado por estos delitos que se sentará en el banquillo. La visita girada aquel 18 de mayo por Sánchez y Marlaska se hizo para significar de inmediato el respaldo que se daba desde el Gobierno de España a Ceuta, que se enfrentaba a una de las peores crisis debido a que en esos momentos seguían entrando hombres, mujeres y niños por los espigones sin que hubiera una orden de Marruecos para parar lo que constituyó una de las afrentas más graves. Sánchez y Marlaska acudieron a la frontera y se reunieron además con las principales autoridades de nuestra ciudad, iniciándose ya en esos momentos la reacción diplomática y política a todos los niveles para que cesara lo que estaba pasando. De igual manera a nivel europeo se prepara la reacción sin igual que tendría, a posteriori, el Parlamento para sancionar la postura que había adoptado Marruecos. Ceuta, en solo 48 horas, recibió a más de 12.000 personas y fue testigo de la anulación de fronteras ya que las fuerzas marroquíes dejaron de ejercer su papel encomendado de vigilancia en la Frontera Sur para, al contrario, alentar a los marroquíes a que cruzaran a Ceuta. El caso más dramático lo representaron los menores que fueron engañados para que dejaran incluso las escuelas en donde se encontraban para pasar a la ciudad bordeando Benzú o el Tarajal. Aquellos hechos tuvieron graves consecuencias y provocaron además una reacción política al más alto nivel, al evidenciarse que Ceuta había quedado en el punto de mira de una situación anómala que podía incluso extenderse en el tiempo. Hoy, meses después de aquella situación, sigue quedando el efecto psicológico de todo aquello reflejado en el temor de que vuelvan a producirse entradas masivas de personas por los espigones. Los falsos llamamientos que aluden a la apertura de fronteras lleva a la generación de miedos por posibles agrupaciones que tengan por objetivo cruzar a la ciudad. El Gobierno de España creó una estrategia de seguridad que tiene un espacio concreto para Ceuta y Melilla además de haber promovido la acción implicada de los distintos ministerios para que lo sucedido ese mayo no se olvide.