CEMSATSE, CCOO, USO y USAE consideran que el ente público “obstaculizó” el proceso electoral promovido por estas centrales mayoritarias para favorecer a UGT
Los sindicatos CEMSATSE, CCOO, USO y USAE han solicitado una indemnización de 10.000 euros al Ingesa por los gastos ocasionados en el proceso judicial por lo que consideran una “obstaculización” de este ente público al proceso electoral del personal estatutario que habían acordado estos sindicatos mayoritarios en el sector y en el que la mesa electoral debería haberse constituido el 24 de enero de 2011, fecha en la que finalmente no se llevó a cabo este trámite. Dicha cantidad también se ha establecido teniendo en cuenta los gastos ocasionados por la campaña publicitaria para las elecciones en la fecha en la que la habían solicitado estos sindicatos.
La defensa de estos sindicatos mantuvo ayer en el juicio que el Ingesa había “obstaculizado” la labor de estas centrales, que habían presentado el 21 de diciembre de 2010 un preaviso de elecciones para que la mesa pudiera constituirse el 24 de enero de 2011, fecha en la que finalmente no se llevó a cabo este trámite al dar validez el Ingesa a un acuerdo firmado a nivel nacional por CCOO y UGT en el que se comprometían a llevar a cabo las elecciones en marzo de 2011, pero del que finalmente se desvinculó CCOO. La defensa de los sindicatos considera que se trataba de un calendario “sin validez porque no tenía carácter de preaviso”. Además, recordó que el acuerdo a nivel nacional que firmaron CCOO y UGT no se había dado por bueno en Melilla.
El abogado de los sindicatos manifestó en el juicio que se pudo dar un caso de “posible connivencia” del Ingesa con UGT para beneficiar a esta central celebrándose las elecciones en una fecha distinta a la que querían las denunciantes. Y es que entienden que de esta manera UGT saldría beneficiada al ampliarse el censo con los contratos temporales del primer trimestre del año, lo que le daría “más representatividad”. Además, dijo que las elecciones se hacen cada cuatro años y que en esta ocasión tanto Ingesa como UGT pretendían atrasarlas tres meses.
Esta parte no solicitó la impugnación del resultado electoral, sólo la “obstaculización” del proceso.
Por su parte, la abogada del Ingesa aseguró que este ente público había actuado “conforme a la legalidad vigente” y que en ningún momento había vulnerado la libertad sindical.
Concretamente, la letrada añadió que el Ingesa se había limitado a colaborar en la promoción y que se había ajustado a los documentos existentes, como el acuerdo entre CCOO y UGT o el de la Abogacía del Estado que confirmaba la validez de dicho acuerdo.
Así, dijo que la actuación del Ingesa “no puede calificarse de arbitraria, sino que se ajusta al ordenamiento jurídico lo máximo posible”.
En cuanto a la indemnización solicitada por el abogado de los sindicatos, la letrada del Ingesa dijo que para recibir la misma debería quedar acreditado que se han vulnerado sus derechos, algo que a su parecer no se ha hecho, y que no se ha desglosado a qué corresponden los gastos por los que se solicita dicha cantidad.
En las conclusiones, el abogado de los sindicatos CEMSATSE, CCOO, USO y USAE pidió una sentencia condenatoria para el Ingesa por “lesionar” los derechos de los sindicatos y por los perjuicios causados a los mismos, lo que conllevaría el abono de una indemnización de 10.000 euros, mientras que la letrada del ente público pidió su absolución al asegurar que su actuación se había ajustado a la legalidad. El caso quedó visto para sentencia.
