La excepcionalidad de Ceuta ya ha adquirido la categoría de axioma. Nadie discute que vivimos en unas condiciones políticas, económicas y sociales sin parangón en nuestro país que justifican la activación de todos los mecanismos de solidaridad amparados por la Constitución y desarrollados por el marco normativo correspondiente. Desde el plus de residencia a las bonificaciones fiscales, pasando por la compensación del IPSI, o la subvención al transporte; se inscriben perfectamente en el concepto de justa compensación de adversidades o desigualdades. Pero este mismo reconocimiento nos obliga a todos los ceutíes (y de manera más evidente a quienes dirigen las administraciones públicas) a ser especialmente responsables en la utilización de los fondos públicos utilizados financiar estas medidas de solidaridad.
Nunca debemos olvidar que son los impuestos del conjunto de los españoles los que sostienen económicamente este complejo armazón. Y muchos compatriotas, en infinidad de lugares, sufren el paro y la pobreza en las mismas condiciones (o peores) que nosotros. Por eso no se puede actuar con frivolidad como si fuéramos niños y niñas mimados que nos creemos con derecho a todo sin mirar más allá de nuestro ombligo. Si esto no lo tenemos en cuenta, podemos pasar de justos demandantes de solidaridad a injustos pretendientes de privilegios. A veces, la línea entre una cosa y la otra es difícil de percibir.
Algo de esto está pasando con los planes de empleo. Desde hace tiempo. Ceuta recibe para esta finalidad, doce millones de euros al año. Es una cantidad muy importante. Muy por encima de la que reciben las corporaciones locales de todo el estado en términos relativos (por habitante). Este hecho no debe estar sujeto a controversia. En principio. Ceuta tiene el índice de paro más alto de España, y ninguna posibilidad de generar empleo suficiente para absorber tan descomunal población desempleada (catorce mil ciudadanos y ciudadanas) a corto o medio plazo. Parece lógico que las políticas activas de empleo estén dotadas con más recursos que en otras zonas. Pero lo que también aconseja el sentido común es que la aplicación de estos programas obedezca a la realidad que los justifica. Y eso, desgraciadamente, no está sucediendo. En Ceuta existe un segmento muy amplio de parados de larga duración sin ningún tipo de ingresos y sin capacidad real de empleabilidad, a los que es preciso atender; y que es el que explica la “singularidad” de Ceuta en esta materia (y su mayor presupuesto). Y sin embargo, los planes de empleo se conciben, diseñan y ejecutan al margen de esta contingencia. Una vez que el dinero se ha “apalancado” (después de haber exhibido las necesidades); el Gobierno se olvida de las personas más vulnerables y se dedican a “resolver” sus problemas de personal. Los de la administración y sus afines.
Esta escandalosa forma de concebir los planes de empleo, en la que se obstinan las administraciones dirigidas por el PP, trae como consecuencia que con cargo a los planes de empleo se contraten médicos, psicólogos, arquitectos, abogados, maestros…. mientras que centenares de familias, con todos sus miembros en paro, sigan condenadas al sufrimiento eterno. ¿Puede alguien explicar que hace un maestro contratado por un plan de empleo dando clases en una escuela privada? No es un caso aislado. Esparcidas por toda la Ciudad hay personas de los planes de empleo practicando intrusismo laboral, destruyendo empleo privado y haciendo labores propias de los empleados públicos. Una perversión absoluta. Intolerable.
En Ceuta el paro, es una lacra insufrible. Pero en otros pueblos y regiones de España, también. Si no tenemos sentido de la responsabilidad suficiente para saber utilizar adecuadamente los fondos excepcionales que nos transfieren para socorrer a los parados y paradas, no podremos lamentarnos cuando nos los retiren.
