Hace dos años, el activista melillense José Palazón, fundador de PRODEIN y bastión en la ciudad hermana de los derechos de la infancia menos favorecida, alabó a la jefa del Área de Menores de Ceuta, Toñi Palomo, y a la Fiscalía de la ciudad por hacer las cosas “como Dios manda”. Todavía no habían tenido que pasar la prueba de independencia y rigor de la expulsión sumaria e irregular, como ya ha concluido la Justicia en primera instancia, de 55 niños marroquíes solos en agosto del año pasado, pero siguen recibiendo elogios. De las oenegés, sí, pero también del presidente de la Audiencia Nacional, que ayer consideró la gestión local de ese ámbito “un ejemplo para el resto de España”.
La funcionaria local, un referente nacional en la materia, participó ayer en el Encuentro de Jueces y Juezas de Menores organizado en Ceuta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una ponencia titulada ‘El impacto de la infancia en movimiento en los sistemas de protección y reforma juvenil' en la que reivindicó la necesidad de articular “una Estrategia Integral de niños, niñas y adolescentes en movimiento que priorice la protección de sus derechos en contexto de migración y constituya un marco de actuación con criterios y estándares consensuados de calidad que guíen las medidas a implementar en los distintos niveles implicados con la correspondiente inclusión de los recursos económicos pertinentes para su ejecución”.
Desde su punto de vista, su puesta en marcha debería llevar aparejada la creación de “un órgano coordinador y centralizador de la información, de las actuaciones y del seguimiento necesario para la realización del principio de solidaridad a través de una actuación homogénea y la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad entre los ciudadanos”. Palomo considera que tras la publicación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), la Conferencia Sectorial “es el órgano estatal idóneo para la elaboración de dicha Estrategia” con la participación de todas las administraciones competentes.
Es solo una parte de lo “mucho” que, entiende Palomo, queda por hacer. La jefa de Menores de Ceuta también reclamó y justificó la conveniencia y necesidad de articular por fin “un mecanismo nacional de derivación” para hacer frente como país y desde la corresponsabilidad y la solidaridad a “la llegada de personas menores de edad a los territorios ubicados en la frontera sur que desborda su capacidad de acogida y atención y aumenta las posibilidades de que sus desplazamientos de estos niños y niñas hacia la península crezcan con el riesgo que esto conlleva para su integridad física y emocional y las dificultades que esto representa para las entidades públicas para poder ofrecer una respuesta adecuada y coordinada”
“Es incuestionable que hay que crear ese mecanismo nacional con unos criterios claros de reparto que podrían contemplar ingresos fiscales, población, índice de desempleo...”, ejemplificó.
Además, Palomo expuso ante los magistrados y otros agentes judiciales reunidos en el Hotel Puerta de África que “se hace necesario fortalecer, agilizar y regular los procedimientos para la búsqueda de familiares, contemplados en el artículo 19 bis de la Ley de Protección Jurídica del Menor”, así como poner en marcha “acciones de sensibilización y concienciación social que contribuyan a evitar el surgimiento de sentimientos xenófobos”.
Tras años de cerrazón absoluta desde Marruecos a cualquier trato con España que tuviese algo que ver con Ceuta y Melilla, Palomo explicó que “es necesario trabajar en la elaboración de protocolos de actuación entre los consulados españoles y los países de origen para la realización de actuaciones encaminadas a la identificación, localización, y las posibilidades de realizar reagrupaciones familiares”.
En una línea similar, sugirió “replantear” la cooperación en los países de origen de los flujos migratorios de niños y adolescentes e incluso activar un sistema transnacional de protección entre países firmantes de la Convención de Derechos del Niño como son España y Marruecos”.
Palomo también expuso ayer en la Escuela Judicial del CGPJ, que ha reunido durante tres días y hasta hoy a distintos jueces de Menores en Ceuta, la necesidad de elaborar un “Plan de Contingencia” pensando “en los puntos de entrada al territorio nacional de menores migrantes solos” para “abordar las llegadas masivas [como la de mayo] que están colapsando los sistemas de protección”. A su juicio hace falta “el diseño de un plan de gestión a nivel estatal de contingencias migratorias que garantice las responsabilidades compartidas de manera equitativa entre las distintas administraciones públicas a nivel estatal, autonómico y municipal”. Dicho documento debería contener no solo un “análisis de los espacios y escenarios de respuesta”, sino también “procesos de activación de la respuesta” y “movilización de recursos humanos”, entre otras cosas.
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