El esfuerzo realizado por la Ciudad Autónoma a través de la Consejería de Presidencia para gestionar los trámites previos a la posible incoación de expedientes de repatriación por parte de la Delegación sobre los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta en mayo del año pasado terminará a finales de este mes habiendo elaborado un total de “casi 600 informes” de otros tantos niños y adolescentes.
Los contratos de los ocho intérpretes incorporados a través de un encargo a Tragsa expirarán el próximo lunes tras haber sido prorrogados dos meses sobre su duración inicial y los de los doce trabajadores sociales sumados al equipo del Servicio de Protección a la Infancia local lo harán el día 31. Por otro lado, la Oficina de Extranjería sumó a su equipo a otra docena de funcionarios para asumir una carga de trabajo que se ha quedado muy lejos de lo esperado.
Durante los días y semanas posteriores a la avalancha migratoria acontecida entre el 17 y el 19 de mayo las autoridades registraron formalmente la presencia en la ciudad de 1.343 menores solos nacionales del país vecino (1.256 niños y 87 niñas) para cuya acogida se habilitaron equipamientos de emergencia en el Tarajal, primero, y después en Santa Amelia y Piniers.
Tras el intento fallido de la devolución exprés de agosto al margen de lo establecido en la legislación española, con el que según las sentencias emitidas en Primera Instancia se vulneraron derechos fundamentales de los 55 chavales expulsados, la Delegación y la Ciudad aceptaron aplicar el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería para intentar su repatriación.
Por esa vía la normativa nacional e internacional establece la necesidad de atender al interés superior individual de cada chico, para lo que la delegada tiene, antes que pronunciarse, que contar con dos dictámenes: uno del Área de Menores local, que ha elaborado “casi 600”, y otro del país de origen. A Rabat se pidieron “más de 700”, pero solamente ha contestado a “unos 75” aunque el monarca del Reino alauita anunció “altísimas instrucciones” para intentar la vuelta de los niños.
Con esos números de hecho la delegada del Gobierno (o su homólogo de la región en la que pudieran encontrarse ahora los jóvenes sobre los que sí ha respondido el país vecino) únicamente podría incoar expedientes de repatriación sobre 75 en el supuesto de que la información suministrada por Marruecos cumpla con los requerimientos de la legislación española, es decir, dando cuenta de las circunstancias sociofamiliares en origen o con el compromiso de una entidad pública de hacerse cargo de ellos con todas las garantías.
