Pagará 720 euros por resistirse a ser detenido por la Policía Local

El acusado se vio envuelto en un pequeño altercado en plena Semana Santa de 2009.

La magistrada del juzgado de lo Penal número uno dictó ayer sentencia firme condenatoria contra un hombre acusado de cometer un delito de resistencia a la autoridad del artículo 556 del Código Penal. La pena que se le impuso al hombre consistía originariamente en seis meses de privación de libertad, que es la menor por ese tipo de delitos, aunque debido a que el hombre cumplía con los requisitos legales la jueza decidió concederle el beneficio de la suspensión de la condena por el pago de una multa. En total, el acusado deberá abonar 720 euros (12 meses de multa a razón de 2 euros la cuota diaria) más las costas procesales. Igualmente, la magistrada le permitió fraccionar el pago de la misma en 12 plazos de 60 euros cada uno, ya que el acusado no tenía trabajo aunque sí la intención de abonar la multa para evitar su ingreso en prisión.
Los hechos que se le imputan tuvieron lugar durante la Semana Santa del año 2009 en la avenida Capitán Claudio Vázquez, a la altura de la prisión de los Rosales. Todo se produjo cuando un grupo de personas se concentró en el lugar para presenciar la procesión del Cristo de Medinaceli. Según el escrito de acusación Fiscal, el acusado se encontraba en la zona cuando una mujer mayor se cayó al suelo. El resto de personas presentes le recriminaron lo que había ocurrido culpándole de no haber facilitado el paso de la mujer. El acusado se encaró con quienes le señalaban y derramó un vaso de café entre los presentes, aunque no se sabe si este hecho sucedió de forma fortuita. Ante tales hechos la Policía Local se personó en el lugar para identificar al acusado, quien comenzó a hacer aspavientos y se opuso a colaborar con los agentes. Por todo ello tuvo que ser detenido y ayer juzgado.
El hombre admitió la comisión de los hechos que se le imputaban y, consecuentemente, se conformó con la pena que le ofrecía la representante del Ministerio Fiscal. La magistrada decretó la firmeza de la sentencia una vez que se cercioró de que las partes no iban a recurrir el fallo.