El Gobierno de Ceuta ha dado este martes luz verde al consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, para que encargue a Tragsatec la apertura en el puerto, previsiblemente a principios de 2024, y mantenimiento durante 42 meses de la Oficina Técnica de Información y Proyectos que prevé el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la ciudad para que actúe “como ventanilla única de información y asesoramiento a pymes y emprendedores sobre los diferentes organismos concedentes de ayudas”.
El coste total asciende a 4,3 millones de euros y será financiado por la Administración General del Estado. Algo más de 620.000 se corresponden con el ejercicio corriente y el resto se repartirá a razón de 1,25 por año natural entre 2024 y 2026.
El portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha recordado que en septiembre se publicó en el BOE el convenio con el Ministerio de Política Territorial para la puesta en marcha de esa Oficina.
Procesa se encargará de llevar la “colaboración” de la Ciudad.
Este instrumento debe servir para “asegurar la máxima difusión e información sobre las posibilidades de financiación y programas de apoyo públicos dirigidos a pymes y personas emprendedoras de Ceuta, así como a la propia Ciudad Autónoma, que también es destinataria potencial de muchas de las ayudas convocadas en régimen de concurrencia competitiva”.
Además tendrá que prestar apoyo a la elaboración de proyectos y propuestas de solicitud y vendrá a “mantener una interlocución fluida con el conjunto de departamentos y organismos dependientes que llevan a cabo las convocatorias”.
Según el propio Gobierno central, actualmente existen numerosos programas dirigidos a las pymes, empresas emergentes y emprendedores de todos los sectores, apoyados tanto por los Presupuestos Generales del Estado como por fondos europeos (estructurales y de recuperación).
La mayoría de ellos se ejecutan en concurrencia competitiva o bien en concurrencia simple, existiendo en muchos casos un exceso de oferta de fondos por parte de las administraciones y escasez de demanda por parte del tejido productivo, bien por desconocimiento o falta de capacidad técnica.
Presidente y consejeros también han aprobado este martes un acuerdo de dos años prorrogable por otros tantos entre la Consejería de Presidencia y Gobernación y el Ministerio de Justicia para que la Ciudad reciba asistencia jurídica a través de la Abogacía General del Estado.
En el convenio no se incluirá la representación y defensa de la administración local ante jurisdicciones y la Ciudad pagará a cambio 31.407 euros al año.
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