La asociación de consumidores OCU, con representación en Ceuta, cree que el Bono Alquiler para Jóvenes "es un parche, aunque supone un alivio provisional", y defiende que lo prioritario es aumentar la oferta de vivienda social disponible.
En una nota, la OCU señala que hay que mejorar la gestión de los recursos, sobre los que el Defensor del Pueblo ya ha advertido, entre otros, por graves incumplimientos del plazo máximo previsto para resolver las solicitudes en Andalucía, Galicia, Madrid y región de Murcia.
Además de priorizar la construcción de viviendas sociales, la OCU cree que se deben reforzar los servicios sociales para ofrecer vivienda a las personas vulnerables.
A corto plazo, según la OCU, es preciso generar seguridad jurídica a los propietarios para movilizar parte de las 3,8 millones de viviendas vacías.
"Las continuas subidas del precio del alquiler en los últimos años están dificultando significativamente el acceso de los jóvenes a la vivienda en España, donde la edad de emancipación de los jóvenes supera ya los 30 años, 4 años más que en la media en la Unión Europea. Un problema que trata de atenuarse con una nueva convocatoria del Bono de Alquiler Joven 2024/2025 que concede, durante dos años, ayudas al alquiler de 250 euros mensuales por beneficiario".
Sin embargo, en la práctica, "su gestión arrastra todo tipo de obstáculos", apunta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). "Para empezar, problemas de gestión de los recursos trasferidos a las comunidades autónomas. El último informe del Defensor del Pueblo advierte de graves incumplimientos en el plazo máximo previsto (seis meses por lo general) para resolver las solicitudes de los bonos en Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia", explican en nota de prensa.
Estos retrasos tienen graves consecuencias sobre los posibles beneficiarios: "En Galicia, por ejemplo, transcurrido este plazo sin resolución expresa el interesado puede entender su solicitud desestimada por silencio administrativo; mientras que, en Madrid, meses después de la publicación de los listados de los beneficiarios, éstos siguen sin recibir el abono de la subvenciónE.
Las ayudas no son suficientes para atender a todos los solicitantes y no contribuyen a abaratar el precio del alquiler. La OCU considera urgente la aprobación de un plan de promoción de vivienda social en alquiler.
"Entre 2017 y 2022 en todo el país solo 8.613 viviendas obtuvieron la certificación definitiva como VPO en alquiler, una cifra ridícula en relación con las necesidades. El esfuerzo público debe centrarse en la promoción de esas viviendas y en el refuerzo de los servicios sociales, para que tengan los recursos imprescindibles para ocuparse de los hogares realmente vulnerables".
La mera repetición de ayudas en dinero a los inquilinos "no contribuye a la solución del problema", además de "no ser nunca suficiente para el número creciente de personas en dificultad de pago de su alquiler, porque la situación se agrava a medida que la falta de seguridad jurídica hace que la oferta se retraiga".
