El nuevo truco de los okupas en España que impide actuar a la Policía

La ocupación ilegal de viviendas continúa siendo una de las mayores preocupaciones para muchos ciudadanos en España. En el caso de Ceuta, la preocupación es doble, ya que son muchos los ceutíes que tienen segundas residencias en la península.

El temor a que una vivienda, especialmente si es una segunda residencia o está vacía temporalmente, sea tomada por okupas, crece entre propietarios que ven cómo el marco legal actual, en muchos casos, juega en su contra.

En redes sociales, varios expertos han comenzado a compartir información para ayudar a prevenir este tipo de situaciones. Uno de los más seguidos es el abogado Miguel Ángel Mejías, quien ha alertado en uno de sus vídeos más recientes en TikTok sobre una técnica concreta que están utilizando algunos okupas para evitar el desalojo inmediato por parte de la Policía.

Una estrategia conocida como 'el truco de la pizza'

Según explica Mejías, este método ya se ha detectado en diferentes puntos de España y ha comenzado a extenderse por su aparente efectividad. Se trata de una artimaña que se basa en generar una prueba falsa de residencia previa antes de acceder de forma ilegal a una vivienda.

El proceso funciona así: días o semanas antes de entrar en el domicilio, los futuros okupas realizan un pedido de comida a domicilio, como por ejemplo pizza, utilizando la dirección de la vivienda que planean ocupar. Aunque aún no han entrado en la casa, recogen la comida desde el portal y guardan el ticket del pedido. Este pequeño papel se convierte, después, en una “prueba” de que ya vivían allí con anterioridad.

Por qué la policía no puede actuar de inmediato

Lo más preocupante es lo que ocurre después. Según el abogado, cuando el propietario descubre que hay personas en su casa y llama a la policía, los okupas ya tienen todo preparado. Enseñan los tickets de la comida como si fueran una prueba de estancia previa y, en ocasiones, los acompañan de contratos de arrendamiento falsificados.

Esta documentación puede bastar para que la ocupación deje de considerarse un delito flagrante. Y es que, si no hay flagrancia (es decir, si no se pilla a los okupas justo en el momento de entrar), los agentes no tienen autoridad legal para desalojarlos de forma inmediata. En ese caso, el propietario debe recurrir a la vía judicial, un proceso que puede durar meses o incluso años.

“La policía no puede echarles en el acto, y el dueño se ve obligado a presentar una demanda civil”, explica Mejías, quien añade que este tipo de casos son cada vez más frecuentes.

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Consejos para evitar ser víctima de este tipo de ocupaciones

Ante esta situación, muchos propietarios se preguntan qué pueden hacer para proteger sus inmuebles frente a estas prácticas. El abogado propone varias medidas preventivas que pueden resultar útiles:

• Instalar cámaras de seguridad: tener vigilancia en el exterior y el interior de la vivienda puede aportar pruebas visuales claras de que la casa estaba vacía y no había ninguna entrega de comida a los supuestos residentes.
• Actuar con rapidez ante cualquier señal de ocupación: si un vecino avisa de movimientos extraños o hay indicios de que alguien ha intentado entrar, es importante avisar a la policía lo antes posible.
• Conservar documentación que acredite que la casa no está alquilada: guardar facturas, recibos de suministros o incluso certificados de empadronamiento pueden ser pruebas útiles para desmontar las coartadas de los okupas.
• Mantener la vivienda en buen estado: fachadas descuidadas o buzones llenos de cartas son señales que los okupas pueden interpretar como abandono.

Un fenómeno en aumento que exige respuestas legales

La técnica del truco de la pizza es solo uno de los múltiples ejemplos de cómo los okupas en España buscan adaptarse a la legislación vigente para evitar sanciones y desalojos rápidos. Aunque no todos los casos siguen este patrón, el hecho de que existan estrategias premeditadas y documentadas demuestra la necesidad urgente de reformar ciertos aspectos legales para proteger a los propietarios legítimos.