Ceuta destruyó un total de 80 armas en el año 2018 de las incautadas a delincuentes, mientras que en Melilla la cifra supera el triple, llegando a las 300. La Guardia Civil se encarga de que el único rastro que quede de estas armas sea ver el hierro fundido en alcantarillas o en material de construcción. Desde 2013 la cifra a nivel nacional se eleva a los 430.000 unidades, entre escopetas, pistolas, navajas o artilugios ilegales incautados a delincuentes o sin dueño después de que nadie haya pujado en subastas acaban en el horno.
El próximo martes se celebra en todo el mundo el Día de la Destrucción de Armas, una fecha que fijó la ONU en 2001 para que los países promovieran acciones dirigidas a la eliminación de armas ilícitas, una tarea que en España asume la Guardia Civil.
Ya su fundador, el duque de Ahumada, estableció que los agentes del instituto armado vigilasen que "nadie ande con armas por parte alguna sin la correspondiente licencia para usarlas", recuerda a EFE el comandante Juan Rodríguez Jarén, de la jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad.
175 años después y con la puesta en marcha de diferentes normas de regulación en el control de armas, la Guardia Civil está al cargo de su intervención y destrucción en toda España, tal y como fijó el primer reglamento en 1935, entonces muy avanzado con respecto a otros países porque implantó que toda arma decomisada se tenía que reducir a chatarra.
Así acabaron el año pasado 50.000 armas de fuego, una cifra que supera las 430.000 desde 2013 y en la que se incluyen también navajas, ballestas, puños americanos, sables, estrellas ninja u otros objetos que se transforman en armas prohibidas, como una tarjeta de plástico que al doblarse es un cuchillo.
La de Madrid es la que comunidad que más armas destruyó en 2018: 12.500 fueron al fuego, de las que 3.000 eran armas largas, 2.500 cortas y otras 7.000 blancas o prohibidas. Muy de cerca sigue Andalucía, con 12.400 armas destruidas, la mayoría largas por la tradición de caza en la región, y Cataluña con 11.600 quemadas.
El comandante Rodríguez Jarén explica a Efe que las armas que acaban en una fundición por orden de una autoridad judicial o administrativa proceden de dos vías: las incautadas por agentes de todos los cuerpos policiales a criminales o a personas sin licencia y las que, teniendo propietarios legítimos, se desprenden de ellas o han perdido su licencia para usarlas.
Por norma general las decomisadas en actuaciones policiales acaban destruidas y solo se salvan de la quema alguna por valor artístico o histórico, en tanto que las legales pasan a subasta después de que su dueño las deposite en la Guardia Civil.
Una vez pasa el plazo establecido para almacenarlas, las comandancias exponen durante unos días las armas para después abrir la puja. Si no se encuentra comprador en dos sesiones, vuelven al depósito.
Pero solo hasta que la Guardia Civil, en sus comandancias, fije fecha para su destrucción, un proceso "muy controlado", pues el vehículo que carga estas armas además de un furgón camuflado, va precintado, custodiado por agentes y todo el material unido entre sí para evitar extravíos.
Su destino es alguna de las empresas que tienen este tipo de hornos y acuerdos con la Guardia Civil, según explica Rodríguez Jarén, que detalla que el vehículo con las armas se pesa con la carga y sin ella, de forma que la diferencia es el pesaje de lo que va ser quemado.
Las armas entran en el horno sin despiezar de forma que la madera de escopetas o rifles queda reducida a cenizas en tanto que se conservan los metales de las armas, fundamentalmente hierro.
Son estas fábricas las que ya se quedan con lo fundido, una masa de chatarra útil, pues con tratamiento acaba en tapas de alcantarilla o en ferralla, la estructura de barras de hierro que forma el esqueleto de una obra de hormigón armado.
