Estamos asistiendo durante los últimos días a una serie de hechos, dentro de la política local, que están llamando considerablemente la atención y que pueden suponer un antes y un después en la gestión del dinero público. Uno de ellos, probablemente de los más significativos, es el que hace referencia a las deudas pendientes de pago por parte de las empresas municipales a sus proveedores. La ley de Morosidad vigente establece un periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo para el pago y que se extiende hasta 2013, de modo que para 2011 es de 50 días, para 2012 será de 45 días y desde el 1 de enero de 2013 será de 30 días.
El límite para el 2010 ha sido de 55 días, límite que no se ha cumplido en muchos casos para algunas de las empresas municipales. Si el objetivo principal es la creación de empleo, ya que es la principal preocupación de la ciudadanía, y precisamente son las pequeñas y medianas empresas junto con los autónomos, mayoritariamente, las que suministran bienes y prestan servicios a los ayuntamientos, lo primero que hay que considerar es mantener y consolidar estas unidades económicas, pero para ello deben de ser correspondidas en el pago, necesitan liquidez para poder mantenerse, una vez que las condiciones de acceso al crédito bancario se han endurecido enormemente en los últimos tiempos.
En este sentido, Rubalcaba anunció hace unos días que los 2.300 millones de euros adicionales que recibirán los ayuntamientos en 2012, como consecuencia del techo de gasto aprobado por el Gobierno, se destinen prioritariamente a pagar a los proveedores, es decir, a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a esos agentes económicos que están cobrando con retraso y que lo están pasando muy mal. Pero es que además, la política de austeridad que se ha anunciado desde todas las administraciones, no se puede convertir en una política de recorte de los servicios sociales, que en definitiva, oculta políticas regresivas.
La austeridad debe ser una condición pero que no debe primar sobre los servicios básicos que los ayuntamientos no pueden dejar de ofertar a la ciudadanía. Los ayuntamientos deben perseguir el objetivo de la creación de empleo a través de programas de emprendimiento, programas destinados a la formación de capital humano y medidas tendentes a la dinamización en la implantación del tejido productivo. Y, precisamente, las fuerzas políticas que no gobiernan deben hacer una oposición responsable y eficaz, tendiendo la mano a los que dirigen, y ello, según palabras de Rubalcaba “no debe avergonzar”, porque ante todo debe existir un compromiso y una responsabilidad ante las preocupaciones de la ciudadanía.
La actitud del actual grupo parlamentario socialista en Ceuta ha ido en la misma línea que la que apuntó Rubalcaba, a la que hay que añadir los ingredientes de diálogo cercano y de cooperación con el gobierno y con el otro grupo parlamentario de la oposición, porque el objetivo final es resolver el gran problema del pueblo ceutí, y en estos momento, es el desempleo, por ello no se puede perder más tiempo, y hay que llevar a cabo un gobierno y una oposición eficaces.
