El consejero de Fomento del Ejecutivo de Vivas, Néstor García, compareció ayer ante los medios tras la reunión semanal ordinaria del Consejo de Gobierno para, junto a su portavoz, Jacob Hachuel, defender en primera persona la decisión de, velando “siempre” y de forma prioritaria “por el interés general”,
renunciar a su "intención" inicial de revocar la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) acordada hace un año para optar por continuar su tramitación incluyendo las alegaciones “sustanciales” recibidas, sacando el documento a exposición pública y sometiéndolo al visto bueno provisional y definitivo del Pleno de aquí a finales de 2016.
Según el titular de Fomento, cuatro son los motivos que han llevado al equipo de Vivas a rectificar. El primero es no “alargar en el tiempo” inversiones públicas como dos de los proyectos más emblemáticos que se anuncian para esta legislatura: el de la nueva Plaza Nicaragua y el del Mercado Central aparejado a la liberación del Foso de la Almina, que no podrán ejecutarse hasta 2017 pero en los que se irá avanzando con la redacción de proyectos y otros trámites.
El segundo argumento de peso es “no tener que pedir de nuevo los cinco informes preceptivos de la Administración General del Estado” que ya había obtenido Susana Román tras múltiples gestiones. En tercer lugar, a favor de la decisión adoptada pesa el poder culminar “en un año”, el mismo tiempo por el que se puede extender la suspensión de licencias vigente, la entrada en vigor de un nuevo PGOU.
Finalmente, García dejó claro que por este camino se puede mantener la vocación de consenso y de perfeccionamiento del proyecto.
El consejero y Hachuel defendieron como una virtud el haber sabido "rectificar" y "escuchar". Eso es lo que ha hecho el Ejecutivo con "la oposición, agentes como el Colegio de Arquitectos o los promotores y los técnicos" antes de dar marcha atrás. "Este Gobierno no quiere imponer su criterio a toda costa", puso de relieve el también consejero de Presidencia.
"No hemos dado ningún paso irreversible hasta ahora", ha añadido el titular de Fomento, que ha explicado que la suspensión de licencias no supone la paralización del sector de la Construcción. De hecho, según ha destacado durante los últimos doce meses se han concedido "la mayoría de las solicitadas" porque las afectadas "son aquellas en las que el nuevo Plan entra en contradicción con el vigente, en cuyo caso se aplica el más restrictivo si es factible".
Las claves
Inversiones
“No alargar en el tiempo” proyectos públicos
No revocando la aprobación inicial del PGOU acordada hace un año en el Pleno no será necesario hacer modificaciones puntuales del Plan vigente para acometer proyectos como el del nuevo Mercado Central o la Plaza Nicaragua.
informes
Tener los dictámenes del Estado exigiría otro año
La Ciudad tiene que solicitar, de forma preceptiva, cinco informes a la Administración General del Estado (a los Ministerios de Fomento y Defensa) para culminar la tramitación. Revocando la aprobación inicial habría que volver a pedirlos cuando Susana Román ya los había conseguido.
Prioridades
Mejorar el documento con voluntad de consenso
El Gobierno considera que la vía elegida no impide mantener dos de sus prioridades en defensa “del interés general”: la de mejorar el documento introduciendo las alegaciones “sustanciales” recibidas y posteriormente sacarlo a exposición pública y la de proseguir su tramitación con voluntad de consenso con la oposición y otros agentes.
Arnaiz ya se inclinó por exposición y aprobación provisional
El Gobierno de la Ciudad ha terminado inclinándose por la opción que, a la vista de las alegaciones presentadas al documento aprobado inicialmente y de la respuesta dada por Prointec a las mismas, había planteado como más procedente el arquitecto municipal, Javier Arnaiz.
El técnico elaboró un dictamen en el que concluyó que las modificaciones a introducir en el documento son “suficientemente sustanciales” como para aceptar que es necesario “proceder a redactar con mayor precisión y claridad un nuevo documento y someterlo a exposición pública previa a su aprobación provisional”.
Las otras dos posibilidades que contemplaba pasaban por, en un caso, considerarlas “no sustanciales”, rehacer el documento y proceder a la aprobación provisional; y, en otro, asumir que el paso dado en agosto del año pasado solo servía para “mantener y consolidar indeseables patologías” y revocarlo, que fue la intención original del Ejecutivo de Vivas.
La consultora Prointec, a la que se adjudicó la redacción de la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ceuta ha recomendado en un informe aceptar en su totalidad 24 de las 176 alegaciones formuladas al documento aprobado inicialmente por el Pleno hace un año y estimar parcialmente otras 90.
En su análisis de las mismas se concluye que un total 62 pueden ser desestimadas (o están pendientes de aclaración por parte de la Administración).
Las alegaciones a incorporar se consideran sustanciales porque “afectan a los principios básicos que conforman los procesos de producción urbana como son los principios de equidistribución, el contenido jurídico-económico del aprovechamiento urbanístico, la institución reparcelatoria, etcétera, que no dejan de ser los cimientos fundacionales de cualquier Plan General, claves últimas de nuestra forma de organizar, crear, y recrear el espacio social”.
