La dirección general de la Guardia Civil ha iniciado expediente por falta grave contra los seis agentes del Cuerpo que el pasado 31 de mayo fueron condenados por la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta al pago de 3.600 euros de multa tras admitir ante el tribunal que se dedicaban al vicio de ‘poner la mano’ en el paso fronterizo. Dicho expediente ya iniciado puede comprender desde la pérdida de destino hasta una sanción de tres meses de suspenso, extremo que se conocerá cuando se termine. Se cumple así con el trámite que lleva a cabo el Instituto Armado siempre que le es notificada la sentencia, en firme, condenatoria contra un agente de este Cuerpo. Pareja a la condena judicial queda el expediente interno que lleve a cabo la Guardia Civil y que, en los casos más graves, puede llevar la expulsión de un funcionario. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de guardias civiles condenados por la comisión de delitos en sentencias contra las que ya no cabe recurso alguno.
Inicialmente a los seis agentes de la Benemérita se les acusó de su presunta participación en un delito de cohecho continuado y otro de prevaricación continuada para, finalmente, haber una modificación quedando acusados de una falta continuada de estafa.
De una petición originaria de 4 años de cárcel y 9 de inhabilitación por ambos delitos, el Ministerio Fiscal pasó a negociar un acuerdo beneficioso para los acusados que asumieron su culpabilidad por esa falta continuada de estafa que se tradujo en la imposición de una multa de 3.600 euros con la que se evitó la inhabilitación.
Los seis guardias civiles, uno de ellos sargento, admitieron ante la sala que “desde mayo a septiembre de 2003, puestos en común y previo acuerdo, y con ánimo de enriquecerse injustamente, hicieron creer a los conductores de los vehículos que accedían al puesto fronterizo del Tarajal donde desempeñaban sus funciones, que debían pagar oficialmente pequeñas cantidades de dinero, que en algunas ocasiones ascendía a 40 euros pero que en ningún caso superaba los 400 euros, para poder pasar la frontera y acceder a Ceuta”.
No puede haber una expulsión del Cuerpo
El expediente disciplinario iniciado por la Guardia Civil de falta grave no contempla, porque no puede, la expulsión de los agentes del Cuerpo. Se está ante el reconocimiento de una falta, no de un delito, así que tras el estudio de la causa se decretará la decisión concreta que tendrá que ser acatada por los agentes afectados. El acuerdo goloso al que llegaron las partes fue llamativo, impidiéndose así la celebración de un juicio que habría provocado la declaración obligada de los agentes de Asuntos Internos para conocer cómo se desarrolló una operación polémica, que ha contado con muchos puntos negros que no han podido conocerse. Las defensas de los guardias habían solicitado la nulidad de las escuchas telefónicas que sirvieron para avalar la investigación. El juicio tardó en celebrarse ocho años ya que los hechos tuvieron lugar en 2003.
