El Ministerio de Juventud e Infancia elevará a la próxima Conferencia Sectorial que tendrá lugar el viernes 17 de octubre la propuesta de transferencia de crédito extraordinario de 13 millones de euros a las Comunidades Autónomas de Islas Canarias e Islas Baleares y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para la atención a la infancia no acompañada.
De esta partida, Canarias recibirá 5 millones de euros, Ceuta 4,1 millones, y Melilla 1,7 millones, tal y como han confirmado a este medio fuentes del ministerio a El Faro de Ceuta.
Se trata de los tres territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria en virtud del Real Decreto-ley 2/2025. Por su parte, Baleares, recientemente declarada en emergencia migratoria, recibirá 1,2 millones de euros.
Esta propuesta de reparto de crédito debe ser valorada en primer término por la Comisión Sectorial convocada para el próximo 17 de octubre y, posteriormente, validada por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se prevé que tenga lugar a comienzos del mes de noviembre.
Esta nueva partida de fondos se suma a los 22 millones de euros que el Ministerio de Juventud e Infancia ya ha aprobado durante este año para Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares.
A ello hay que añadir el fondo de 100 millones de euros vinculado al RDL 2/2025, que regula la acogida de menores. En total, además de las transferencias de crédito ordinario, solo este año el ministerio ha puesto a disposición de las comunidades autónomas 135 millones de euros.
De esta forma, el ministerio reafirma su compromiso de atender las necesidades de los territorios fronterizos para garantizar los derechos de la infancia migrante no acompaña.
“Estamos poniendo todos los recursos necesarios a disposición de las administraciones autonómicas para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acogida y que prevalezca el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”, explican las mismas fuentes.
Frente a esto, determinadas comunidades autónomas “siguen tratando de boicotear las reubicaciones de los niños, niñas y adolescentes desde los territorios declarados en contingencia migratoria extraordinario”, exponen.
“Los datos demuestran que no se trata de falta de recursos, sino de una política racista que trata de criminalizar a la infancia migrante no acompañada. A pesar de ello, las primeras reubicaciones ya se han producido y el protocolo sigue su curso con normalidad y garantizando el interés superior de los menores”.
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