La propuesta del presidente de Ceuta, Juan Vivas, para que se desestimen las solicitudes de asilo presentadas por los inmigrantes llegados a la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio se encuentra con las advertencias de las principales asociaciones judiciales.
Según la información publicada por Europa Press, tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como el Foro Judicial Independiente (FJI) consideran que las peticiones de protección internacional deben ser examinadas de forma individualizada.
La posición de las asociaciones de jueces llega después de que Vivas reclamara al Gobierno central después de su encuentro con Fernando Grande-Marlaska que no se conceda asilo ni se produzcan regularizaciones a quienes llegaron a Ceuta irregularmente.
En este contexto, la APM señala que el ordenamiento jurídico español permite endurecer y acelerar la tramitación de las solicitudes de protección internacional en frontera. Sin embargo, establece un límite a la posibilidad de rechazar las peticiones de forma generalizada.
“Lo que no permite nuestro ordenamiento es decidir de antemano que toda persona que haya entrado irregularmente verá denegado el asilo”, señalan fuentes de la asociación a Europa Press.
La APM considera que cada solicitud debe poder ser examinada, ya que detrás de una entrada irregular puede encontrarse una persona que reúna los requisitos necesarios para recibir protección internacional.
La asociación establece además una diferencia entre la entrada irregular y el derecho a solicitar protección. “Una cosa es que entrar irregularmente en España no otorgue ningún derecho a permanecer y otra distinta es que esa entrada irregular elimine el derecho a pedir protección internacional”, subrayan sus fuentes. “Son dos planos jurídicos diferentes”, concluyen.
En la misma línea se ha pronunciado el Foro Judicial Independiente. Su presidente, Roberto García Ceniceros, recuerda que las solicitudes de asilo deben ser resueltas por el Ejecutivo, pero destaca que se trata de una figura que exige un análisis individual.
“Sólo habría de concederse asilo a quien cumpla los requisitos, pero sin que parezca procedente acordar denegaciones en masa”, explica García Ceniceros en declaraciones recogidas por Europa Press.
Las asociaciones judiciales se pronuncian así sobre una cuestión que ha adquirido especial relevancia tras la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Según los datos recogidos por Europa Press, 80.000 personas desde Marruecos entraron en la ciudad durante aquellas 48 horas y 83 personas perdieron la vida.
La crisis ha llevado al Gobierno de la Ciudad a reclamar medidas para evitar que la presión migratoria vuelva a utilizarse como mecanismo de desestabilización. Vivas ha defendido que el retorno a Marruecos y la ausencia de regularizaciones y de asilo constituyen una “condición necesaria” para el presente y para el futuro de Ceuta.
La petición del presidente ceutí cuenta además con el respaldo público de la dirección nacional del Partido Popular. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, defendió este viernes que la medida no vulneraría la legislación internacional y afirmó que existen precedentes dentro de la Unión Europea.
En concreto, De los Santos hizo referencia a Grecia, país que, según explicó, “también suspendió el derecho de asilo durante un periodo temporal concreto” ante una situación que consideraba una amenaza para su seguridad y la del conjunto de la Unión Europea.
Frente a este planteamiento, las asociaciones judiciales ponen el foco en la necesidad de analizar individualmente las solicitudes de protección internacional. La APM reconoce que pueden establecerse procedimientos más rápidos y exigentes en frontera, pero rechaza que la entrada irregular sea, por sí sola, motivo suficiente para denegar automáticamente una petición de asilo.
De esta forma, el debate abierto tras la crisis de Ceuta enfrenta la reclamación política de endurecer la respuesta ante las llegadas masivas con la posición de las asociaciones judiciales, que recuerdan la necesidad de mantener el examen individual de quienes soliciten protección internacional.
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