El 31 de mayo de este año, la Guardia Civil llevaba a cabo una de las operaciones más importantes de las desarrolladas en Ceuta enmarcada en la lucha contra el blanqueo de capitales. Un mes después aún no ha podido ponerle las esposas al considerado líder del núcleo familiar detenido en nuestra ciudad y en Málaga, sobre el que pesa una orden de busca y captura dictada por el Juzgado de Instrucción número 1. La causa sigue protegida por el secreto de sumario desde el mismo día en que los agentes del Instituto Armado recibieron los mandamientos para actuar y registrar.
Casas, un chalé, viviendas unifamiliares, establecimientos, fincas, almacenes, despachos de abogados y caballerizas. En todos estos puntos actuaron, al mismo tiempo, los agentes encomendados a un único fin: descubrir y decomisar cualquier prueba que pudiera justificar la existencia de un delito de blanqueo de capitales, cualquier elemento que pudiera ser empleado para introducir en el circuito legal el dinero procedente del narcotráfico.
Dos de los detenidos están presos, entre ellos una agente de la Policía Local de Ceuta que se encuentra ya en preventiva en una cárcel de Sevilla. Los investigadores confiaban en que el principal sospechoso se presentara voluntariamente en las dependencias de la Guardia Civil. Un mes después no hay rastro de su presencia, barajándose las hipótesis de que se encuentre en Marruecos o en algún punto de la Península. No se ha presentado de manera voluntaria para responder de los delitos bajo investigación, a pesar de que tiene que ser conocedor de la existencia de esa orden de busca y captura en su contra. Los demás detenidos se encuentran en libertad con cargos ante una causa de la que no han trascendido más detalles para no entorpecer el desarrollo de las investigaciones.
La Benemérita trabaja en la interpretación de los datos derivados de todo lo decomisado en este operativo: soportes informáticos, documentos, notas, datos, correos electrónicos, cualquier rastro que conduzca al objeto bajo investigación, cualquier reseña que pueda servir para conocer lo que el juzgado investiga y analiza.
Se buscan datos derivados del análisis de las escrituras, participaciones en sociedades, bienes puestos a nombres de posibles testaferros, ingresos, posible contabilidad irregular... Todo lo que fundamente, avale y sostenga las sospechas que apuntan a la posible existencia de un grupo criminal.
