El Ejecutivo de Ceuta ha dado su beneplácito este viernes a una propuesta del
consejero de Sanidad, competente en materia de
Menores, Alberto Gaitán, para dedicar 280.000 euros este año y el próximo a la contratación de un servicio de “formación de habilidades para la vida”
dirigido a jóvenes infractores que estén cumpliendo medidas de internamiento o medio abierto. Según ha desgranado el también portavoz del
Ejecutivo local en rueda de prensa, la cantidad total se repartirá a partes iguales entre este ejercicio y 2024 a razón de 140.000 euros cada uno. La concesionaria del servicio deberá “desarrollar programas de formación para menores infractores que presenten dificultades para la transición a la vida adulta”. Las actuaciones se dirigirán tanto a los adolescentes encerrados en el
Centro de Reforma de Punta Blanca como a los que les han sido impuestas
medidas alternativas bajo el seguimiento de los técnicos de Medio Abierto del Servicio de Protección a la Infancia. Los destinatarios recibirán instrucción sobre cómo tratar la información y moverse en entornos digitales, formación lingüística, sobre hábitos de vida saludable y autonomía personal, así como cursos de mantenimiento de edificios “como aproximación al mundo del trabajo”. Durante el año pasado se impuso un total de 82 medidas de privación de libertad en distintos regímenes de internamiento en Ceuta, el número más alto desde 2013, cuando se registraron 84, y un 10% más que en 2021 (75). La mayoría de las medidas impuestas fueron en régimen cerrado (58, 32 cautelares), que exige a los sometidos a ellas “residir” y “desarrollar las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio” en Punta Blanca, con 24 plazas. El número de internamientos cerrados dictado en 2022 fue inferior al de 2021 (60), cuando casi se duplicó la cifra del año anterior (39), que a su vez había sido el mayor desde 2013. Las medidas que pueden imponer los jueces de Menores, ordenadas según las restricciones de derechos que suponen, y que se ejecutan en el Centro de Internamiento Menores Infractores, son en régimen cerrado, semiabierto, abierto o de permanencia de fin de semana. En sentido inverso, las medidas en régimen semiabierto han ido cayendo durante los últimos diez años desde las 59 impuestas hace una década a las 15 de 2021. En 2022 se impusieron 23 (media docena cautelares). Estas implican que los menores sometidos deben residir en Punta Blanca, pero también realizar fuera “alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución”. En estos casos la realización de actividades fuera del centro queda condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado.