El Gobierno central ha apeado a última hora de este miércoles a la Ciudad Autónoma de la Conferencia Interterritorial de Sanidad y Educación que reunirá este jueves por vía telemática a los dos ministros, Salvador Illa e Isabel Celaá, a su homóloga de Política Territorial y a los consejeros de ambos campos de todas las regiones para concretar de una vez por todas el marco común en el que debe comenzar el próximo año escolar. Allí no estará Carlos Rontomé en representación de Ceuta, pero sí podrá participar, como hace habitualmente en las reuniones Sectoriales con Illa y el resto de titulares autonómicos de Sanidad, Javier Guerrero.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha dejado en manos de la Ciudad buena parte del peso del restablecimiento de la actividad en colegios e institutos: reforzar los servicios de limpieza, incorporar personal sanitario de control vía Plan de Empleo, sufragar los trabajos diarios de desinfección, comprar máscarillas e hidrogeles...
En ese ámbito de colaboración parecía que, por primera vez, el titular local de Educación podría acudir a una cumbre con el ministro y sus homólogos de las Comunidades. Rontomé ya tenía, de hecho, hasta las claves de acceso para hacerlo. La consejera melillense, Elena Fernández, igualmente sin competencias, no había sido aceptada ni como invitada, pero cuando preguntó al director general de Planificación del MEFP se encontró este miércoles con la misma excusa: "Motivos legales".
Rontomé ha revisado el Reglamento de Funcionamiento de la Sectorial y ha constatado que sí contempla que se invite “con voz pero sin voto” a cualquier persona “que por sus cualidades, conocimiento o experiencia estime conveniente para el mejor asesoramiento de la Conferencia”.
En este caso el consejero considera que "mejor que nosotros no conoce nadie la realidad local, pero no voy a estar por una cuestión de voluntades políticas, pero esa es la lealtad institucional y la colaboración que piden desde el Gobierno central", ha lamentado en declaraciones a El Faro.
Este no es el primer viraje extraño que hace el Ejecutivo de Pedro Sánchez este verano en materia educativa con la Ciudad. Primero le asignó 8 millones (al final serán 7) del tramo del Fondo COVID repartido con criterios escolares. La ministra de Hacienda dijo una y otra vez que su uso no estaba condicionado, pero cuando la marea de la indignación ciudadana por el dislate de la organización del curso ha subido tanto el presidente como Celaá han empezado a decir que sí, que los 2.000 millones deberían ir a Educación.
Con esa baza, sin explicitarlo, ha presionado la Administración General del Estado a la Ciudad durante las últimas semanas para que se haga cargo no solo de lo que le compete directamente, como la limpieza de colegios, sino también en ámbitos de su jurisdicción administrativa. La colaboración parecía haber facilitado que, por primera vez, Ceuta acudiese a una Sectorial de Educación (en este caso mixta con Sanidad), pero al final el MEFP ha dado un portazo.
