El cierre repentino de las dos clínicas dentales que Vivanta tenía en Ceuta, situadas en la calle Real y en la avenida del Ejército Español, ha dejado a cerca de 800 pacientes con sus tratamientos odontológicos interrumpidos.
A la preocupación por no poder continuar con los procedimientos contratados se suma otro problema: muchos siguen recibiendo los recibos mensuales de los préstamos que solicitaron para pagar sus intervenciones.
Según explica Clemente Cerdeira Abogados, algunas de estas financiaciones oscilan entre los 4.000 y los 15.000 euros. Una situación que afecta especialmente a quienes todavía tienen tratamientos pendientes de realizar y deben continuar pagando por unos servicios que no están recibiendo.
Ante este escenario, el despacho jurídico ceutí ha puesto en marcha un servicio de atención para orientar a los perjudicados sobre las posibles reclamaciones frente a las entidades financieras.
La firma recuerda que la entrada de la sociedad matriz en concurso de acreedores no significa necesariamente que los pacientes hayan perdido todo el dinero abonado y sostiene que existen mecanismos legales para reclamar.
Los préstamos vinculados, una vía para reclamar
La principal cuestión jurídica que plantea el despacho es la naturaleza de los contratos de financiación que los clientes firmaron en las propias clínicas para sufragar sus tratamientos.
Según explica Clemente Cerdeira Abogados, cuando el crédito se contrata a través del establecimiento para financiar un servicio concreto, puede tratarse de un préstamo vinculado, regulado por el artículo 29 de la Ley 16/2011, de Contratos de Crédito al Consumo.
Esta figura establece una relación entre el contrato de prestación del servicio y el de financiación. Por ello, el bufete sostiene que el incumplimiento de la clínica puede tener consecuencias sobre el préstamo concedido para pagar el tratamiento.
Entre las entidades financieras que menciona se encuentran Cetelem, Sabadell Consumer Finance, CaixaBank, Santander, Pepper Money y Cofidis, entre otras.
Desde el despacho consideran que, cuando la clínica deja de prestar el servicio contratado, el paciente puede reclamar a la financiera la paralización de las cuotas pendientes y la devolución de las cantidades correspondientes a los tratamientos que no se hayan realizado.
Asimismo, señalan que el alcance de la devolución debe tener en cuenta el valor económico de los servicios que el paciente haya recibido y aprovechado efectivamente.
La advertencia de no devolver los recibos por cuenta propia
Uno de los aspectos en los que más insiste el bufete es la forma de actuar ante los próximos cobros. Clemente Cerdeira Abogados advierte de que dejar de pagar o devolver unilateralmente los recibos sin haber presentado antes una reclamación formal puede generar problemas.
Según explica, la entidad financiera podría considerar que existe un impago e iniciar actuaciones de reclamación de la deuda. También advierte del riesgo de que el paciente termine incluido en ficheros de solvencia patrimonial como ASNEF.
Para evitar esta situación, los letrados recomiendan presentar previamente un requerimiento formal y fehaciente ante el departamento de atención al cliente de la entidad financiera.
En esa comunicación, el despacho considera necesario invocar la posible vinculación entre los contratos y la ineficacia de la financiación por el incumplimiento del servicio, conforme al artículo 29 de la Ley 16/2011. El objetivo sería solicitar la suspensión del cobro de las cuotas pendientes y reclamar las cantidades que correspondan.
Atención personalizada para los afectados en Ceuta
Para facilitar las gestiones, Clemente Cerdeira Abogados ha habilitado un servicio extraordinario de atención presencial en sus oficinas.
El despacho ofrece estudiar individualmente la documentación de cada paciente para determinar las posibles vías de reclamación. Entre los documentos que revisa figuran el presupuesto de la clínica, el contrato de financiación y la información sobre el estado de ejecución del tratamiento odontológico.
También contempla el análisis de los informes periciales disponibles para determinar qué parte del procedimiento se ha realizado y cuál ha quedado pendiente.
A partir de ese estudio, la firma pretende requerir a las entidades financieras la suspensión de los recibos y el reembolso del saldo que corresponda al consumidor.
El objetivo es ofrecer una respuesta a los cerca de 800 afectados que se han quedado sin poder continuar sus tratamientos en las dos clínicas de Vivanta en Ceuta y que ahora buscan recuperar el dinero abonado por unos servicios que no han llegado a completarse.
¿Y de los trabajadores, al paro?