El MEFP consensúa un Protocolo para detectar maltrato en los centros escolares

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) en Ceuta está consensuando con la Ciudad y el resto de agentes de la comunidad educativa un Protocolo de Prevención y Actuación en el ámbito educativo ante situaciones de maltrato infantil y adolescente tanto intra como extrafamiliar partiendo de que colegios e institutos son los lugares en los que los menores pasan más tiempo a lo largo del día, lo que les otorga “un papel fundamental en su detección”. El objetivo del departamento que lidera Yolanda Rodríguez es que pueda estar operativo para el comienzo del próximo curso, en septiembre.

El documento remarca que “el profesorado y especialmente los tutores se encuentran en una posición privilegiada para detectar posibles indicadores de maltrato al alumnado”, ya que “conocen las características evolutivas de las diferentes etapas educativas y pueden comparar las conductas de los niños y niñas de la misma edad, así como el entorno familiar, tanto desde la visión que transmiten los propios menores como desde las relaciones que se establecen con él”.

“Cualquier miembro de la comunidad educativa” que sospeche de la existencia de un posible maltrato deberá comunicarlo de forma obligatoria a la Dirección de su centro educativo. “No sólo se deben notificar los casos más graves y evidentes, sino también los aparentemente leves y las situaciones de riesgo”, establece el documento, que estipula que “las respuestas serán diferentes en cada caso”.

A partir de la primera alerta, el equipo directivo deberá reunirse con el tutor del estudiante afectado y la persona responsable de Orientación en el centro para “recopilar toda la información, analizarla y valorar la intervención que proceda”.

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil o adolescente se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio de Inspección.

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones algún miembro del equipo directivo deberá acompañar al menor a un centro sanitario para su valoración clínica e informar posteriormente a la familia de la actuación realizada.

Si existiese base para continuar el procedimiento se deberá cumplimentar una hoja de notificación de maltrato y remitir una copia tanto al Área de Menores de la Ciudad como al Ministerio Fiscal con el informe elaborado por la unidad (en el caso de los colegios) o el departamento (en el de los institutos) de Orientación y el parte de lesiones, si existiera.

El Protocolo se dirigirá tanto frente a casos de maltrato intrafamiliar como extrafamiliar, es decir, aquellos en los que los derechos fundamentales de un menor se vean vulnerados en forma de agresiones físicas, sexuales, verbales o de otro tipo por parte de personas diferentes a las que ejercen su guarda y tutela.

Este tipo de situaciones detectadas en el ámbito educativo requerirán la protección de la persona menor de edad, la información a la familia y la actuación de otras instituciones como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía o servicios sanitarios, por lo que tendrán su procedimiento específico.

Si la persona sospechosa fuese trabajador del centro escolar tendrán que establecerse medidas de vigilancia y organizativas para realizar un seguimiento y evitar que el menor considerado presunta víctima permanezca a solas con el supuesto agresor.

Si las sospechas fuesen fundadas la Dirección Provincial podrá dictar una suspensión provisional de funciones como medida cautelar y la Dirección del centro deberá tener informada a la familia de los pasos que se den.

El Protocolo también prevé respuestas a casos de abuso sexual protagonizados por un progenitor sin conocimiento del otro o para denuncias de maltrato contra personal ajeno al centro, en todos los casos con las máximas reservas de confidencialidad y con pautas de respuesta coordinada de todos los agentes implicados.

La prevención, clave junto a la “transversalidad” de la actuación

La Dirección Provincial del MEFP en Ceuta, impulsora del Protocolo, entiende que la herramienta básica ante situaciones de maltrato intra y extrafamiliar en cualquiera de sus manifestaciones es “la prevención”. Al objeto de garantizar medidas preventivas en los centros educativos se diseñarán estrategias de actuación para toda la comunidad educativa de manera que la protección ante el maltrato infantil y adolescente “sea un asunto transversal que implique a docentes, familias y alumnado” con formación del profesorado y de los estudiantes, sensibilización a las familias, medidas organizativas para la protección de los menores, una Comisión de Seguimiento, etcétera.

La figura del coordinador de bienestar

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (que estipula que “las administraciones educativas regularán los protocolos de actuación contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio y autolesión”), las Instrucciones del MEFP para el próximo curso prevén que cada director designe un coordinador de bienestar y protección que contará con dos horas de reducción de horario lectivo por semana.

A través de esta figura, los centros educativos contarán con un perfil que deberá ser “adecuado y consensuado” y que permitirá “realizar la gestión, coordinación y observación de cualquier indicador de riesgo de maltrato infantil”. También podrá promover planes de formación sobre prevención, detección y protección de los niños, niñas y adolescentes, vigilará por la correcta atención de los niños, niñas y adolescentes y se coordinará con los servicios sociales y será un elemento decisivo para ayudar a prevenir las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que pueden llegar a sufrir los menores maltratados.