La elección de quienes van a ser agraciados con una medalla en los actos del Patrón de la Policía Local nunca ha estado exenta de polémica.
Año tras año, las designaciones marcadas por la comisión acarrean la oportuna crítica, sobre todo cuando se quedan fuera propuestas de agentes que atesoran importantes servicios a lo largo de su carrera. Desde decomisos de droga hasta recuperación de vehículos robados o implicados en tiroteos, pasando por acciones en las que se ha salvado la vida a terceras personas. Servicios tan destacados que parece complicado entender cómo una comisión puede menospreciarlos mientras, en cambio, premia otras propuestas sin aclarar los motivos que la fundamentan.
El secretismo, la forma de proceder en los criterios seguidos por la comisión para hacer la oportuna ‘criba’, no hace sino ensombrecer aún más este asunto, aumentando el malestar entre los policías que se ven afectados. A fecha de hoy, no se ha informado públicamente de los motivos que lleva a esta comisión, integrada entre otras personas por la consejera de Gobernación, Yolanda Bel o el superintendente, Ángel Gómez, a fundamentar el porqué hay agentes que sí van a recibir su medalla en el próximo Patrón y otros no.
El Reglamento de la propia Policía exige que haya transparencia y claridad y que la designación de esas medallas se sustente en criterios específicos que pasan porque esos agentes se hayan distinguido notablemente en el cumplimiento de sus funciones y hayan mantenido una conducta ejemplar a lo largo de su vida profesional.
¿Existe alguna razón por la que dicha comisión no haga público el criterio seguido para acordar qué agentes recibirán sus medallas al mérito profesional y quiénes no? El celo es absoluto, tanto que uno de los policías cuya propuesta de condecoración ha sido rechazada ha terminado por acudir a la vía judicial presentando denuncia en el Contencioso Administrativo para aclarar este asunto, tal y como han confirmado fuentes sindicales a El Faro. Es la primera vez que alguien da este paso, que decide poner este asunto en manos de la justicia para que se determine qué hay detrás de este tipo de decisiones.
Optar por la vía judicial ha sido el último paso dado después de agotar la vía reglamentaria, puntalizan las mismas fuentes, toda vez que las alegaciones y solicitudes presentadas para ser informado han sido desatendidas por la Consejería de Gobernación. En éstas se solicitaba, en virtud del principio de transparencia y probidad que debe primar en cualquier administración pública, que se diera a conocer las actas mediante las cuales le fue denegada la propuesta de medalla, así como los motivos que han sustentado la concesión a otros miembros de la plantilla.
La Administración ha evitado facilitar esta información buscando múltiples excusas. La última, la de la privacidad, cuando es el propio Reglamento de la Policía Local el que recoge que el acto de imposición de estas recompensas deberá hacerse con la “relevancia pública y social adecuada” el día de la festividad de San Urbano. ¿Acaso existe algún problema para que la propia Administración que reclama transparencia y claridad no informe del procedimiento seguido para otorgar unas medallas que resultan claves en la carrera de cualquier policía?
El pasado jueves la propia consejera de Gobernación, Yolanda Bel, defendía a capa y escapada los méritos logrados por el jefe del Cuerpo, Ángel Gómez, para recibir esa medalla al mérito profesional. Se aferraba a la unanimidad de la comisión a la hora de concluir quién tiene que ser recompensado, pero nada hablaba de cómo la razón que ha llevado a esas decisiones debe ser conocidas.
En un cajón ha quedado la propuesta cursada por un subinspector, jefe del Grupo III de Seguridad Ciudadana, para que se premie a uno de sus agentes cuyo perfil cumple con los criterios contenidos en el Reglamento del Cuerpo. Además del comportamiento intachable y el “extraordinario cumplimiento” de sus funciones, se relaciona la hilera de servicios en los que ha estado. Participó en el decomiso de 171 kilos de hachís en la barriada del Príncipe junto a otro compañero en 2008, intervino en la aprehensión y detención de más implicados en el tráfico de drogas, evitó que una persona se quitara la vida, salvó a un menor y recuperó un vehículo implicado en un tiroteo en la barriada del Príncipe, entre otros servicios notables. Un historial que guarda otros en los que la carga humana viene implícita. Estando de baja al estar recibiendo quimioterapia detuvo a un individuo tras perpetrar un robo con violencia. Antes, había conseguido la recuperación de un coche en el que se halló droga procediéndose a la detención de sus tres ocupantes, intervención que realizó estando fuera de servicio.
Todas estas actuaciones y su valor, respaldado incluso por los propios mandos, han quedado en un cajón sin que se informe ni la causa ni los motivos que llevan a una Administración que se jacta de ser transparente a informar al afectado.
Tras judicializarse el caso, será el Contencioso el que tenga que poner el punto y final a una historia que no ha hecho más que comenzar.
