MDyC exige a la Asamblea que “rompa el silencio” y defienda el uso del hiyab en espacios públicos

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha registrado una propuesta en la Asamblea de Ceuta para que la institución se posicione de forma clara ante los intentos de prohibir el uso del hiyab y otros símbolos religiosos personales en espacios públicos.

La formación localista pide que la Asamblea exprese su compromiso con los valores democráticos y el respeto a los derechos fundamentales, así como su “repulsa y rechazo a cualquier tipo de propuestas que pretendan prohibir el uso del hiyab”.

“Se vulneran derechos fundamentales”

Desde MDyC denuncian que algunas alumnas musulmanas siguen viendo prohibido el uso del hiyab en centros educativos españoles. Una situación que, afirman, vulnera derechos recogidos en la Constitución.

“Se están vulnerando de todas las formas posibles sus derechos fundamentales a la educación y a la libertad religiosa, amparados estos por nuestra Carta Magna en sus artículos 16 y 27”, señalan.

Añaden que estas medidas responden a “una ideología racista y xenófoba”, y que “tiñen de una islamofobia estructural las instituciones”.

"Un peligro para la dignidad"

Para el partido localista, esta problemática no se limita a un debate puntual, sino que representa una amenaza directa a la autonomía de muchas mujeres.

“Supone un peligro para la dignidad y la autonomía personal de todas aquellas mujeres que libremente optan por hacer uso de una prenda que forma parte de la identidad religiosa”, defienden.

Además, consideran estas prohibiciones como una forma de discriminación institucionalizada.

“Atentan contra la dignidad y la libertad de las personas, haciendo bandera de la discriminación y el racismo por parte de determinados colectivos”, lamentan.

Un posicionamiento necesario

El MDyC recuerda que “la educación debe ser un espacio de inclusión, respeto y pluralidad, un ejemplo de multiculturalidad y diversidad”.

Por ello, insisten en que la Asamblea debe “romper el silencio” y fijar un posicionamiento claro ante un debate que, según denuncian, afecta a derechos fundamentales y alimenta el discurso de odio.