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MDyC critica que el juego online sea noticia por el multazo

La formación de Fatima Hamed reprocha al Ejecutivo que no ponga el foco en la prevención tras las sanciones a 26 operadores del sector

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha lamentado que el nombre de Ceuta haya vuelto a salir en el panorama del juego online a nivel nacional “y no precisamente por la creación de empleo”, sino por aparecer en el listado de operadores sancionados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Los de Fatima Hamed se refieren a las multas millonarias a 26 operadores de juego sancionados por Consumo, que tiene también afectados a entidades de Ceuta.

Los localistas puntualizan, de hecho, que una empresa de juego online instalada en Ceuta ha sido multada con 512.000 euros por distintas cuestiones relacionadas con el sector entre las que destacan el hecho de “permitir el acceso al juego a personas vetadas”.

Desde la formación recuerdan que llevaron al Pleno del Debate del Estado de la Ciudad de 2024 una propuesta para elaborar un Plan de Prevención Contra el Juego Patológico y que hace justo un año interpelaron sobre esta cuestión en la sesión de control del mes de noviembre.

“Noticias como esta demuestran que nuestra propuesta sigue en la casilla de salida”, explican.

Una promoción “indiscriminada” nefasta

Asimismo, MDyC afea al Ejecutivo local la “promoción indiscriminada” que hacen del juego online en Ceuta sin poner el foco en priorizar la “política de prevención”.

Desde el MDyC insisten en que se trata de “un asunto de salud pública” y que sanciones como estas por parte del Ministerio de Consumo “ponen en jaque la apuesta que hace el Ejecutivo local por el juego online en Ceuta”.

Por último, exigen tanto a la Consejería de Hacienda como a la Consejería de Sanidad que ambas áreas trabajen conjuntamente para que el Plan de Prevención Contra el Juego Patológico “no llegue demasiado tarde”.

En total, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha impuesto 32 sanciones, catalogadas como graves o muy graves, que suman 33.503.000 euros. Además de las multas económicas, varias de estas actuaciones administrativas implican el cierre de portales que operaban sin autorización.

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