Chandiramani defendió la labor que está haciendo el Gobierno para ayudar a las empresas
Visto bueno definitivo a la reforma de la ordenanza presentada por el equipo de Gobierno en relación con el IPSI, donde, en líneas generales lo que se pretende es dar mayor seguridad jurídica a los trabajadores del organismo autónomo Servicios Tributarios en su lucha contra el fraude fiscal en cada ocasión en que decidan la realización de una inspección.
La consejera de Hacienda, Economía, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, ya defendió este punto cuando se aprobó inicialmente, en la jornada de ayer era aprobación definitiva y aprovechó nuevamente las críticas de los partidos de la oposición sobre las dificultades que tiene el Gobierno para llevar adelante una bajada de los tipos del IPSI, para indicar que se estaba trabajando seriamente en la citada cuestión.
Por ello, aludió a que hasta el año 2016, las importaciones en nuestra ciudad habían crecido más de un 33% y que el descenso se había producido en 2017. Y explicó que por este razón se habían reunido en varias ocasiones, tanto con representantes de la Confederación de Empresarios como de la Cámara de Comercio y que el Ejecutivo había puesto encima de la mesa una reducción del 10% lineal en los tipos del IPSI y que la contrapropuesta de los empresarios era que preferían llevar ellos una iniciativa que deberá ser estudiada en su momento por el Gobierno de Vivas.
Oposición
Por parte de los grupos de la oposición se les vino a decir que llevaban muchos años anunciando, cada dos por tres, esta rebaja de los tipos del IPSI y que todavía no habían concretada nada para ayudar al sector comercial de nuestra ciudad.
Se indicó que habían sido muchos los antecesores de Chandiramani en el puesto y que todos ellos, en algún momento de su estancia en la Consejería de Hacienda, habían hablado de esta bajada de los tipos del IPSI sin que al final pasar nada.
Habrá mayor información sobre la garantía juvenil
Uno de los asuntos que se abordaron en la sesión plenaria fue una propuesta presentada por Fatima Hamed, en nombre del MDyC, para que se ofreciera una mayor información a los jóvenes sobre la ventaja que existía en estar encuadrados dentro de los programas de garantía juvenil.
Todo ello, como consecuencia del alto paro juvenil que hay en Ceuta y también porque España es uno de los países de la Unión que menos emplea este sistema.
