El desmantelamiento de los asentamientos irregulares a pesar de ser un paso significativo para hacer frente a la crisis que vive Ceuta desde finales de julio, desafortunadamente no representa el final de los problemas. Y es que la detección por parte de la Policía Nacional de alrededor de un centenar de posibles pisos patera saca a la luz otra situación especialmente grave tras el desalojo del campamento de la playa del Trampolín, que permaneció ocupado durante más de dos meses.
De un foco visible ahora lo que se enfrenta es una red clandestina que está repartida por barriadas, viviendas y zonas de monte. Estamos hablando de una situación que encierra dos vertientes críticas. Por una parte, lo que representa la proliferación de estos pisos para los inmigrantes en su esfuerzo por mantener la clandestinidad e ilegalidad, habitando inmuebles privados y expuestos a tramas de alquileres irregulares. Por otra parte, este fenómeno representa un serio obstáculo frente a los esfuerzos colectivos por devolver la plena normalidad a Ceuta y llevar a cabo las labores de filiación, control y retorno.
Lo complicado del asunto es que la respuesta policial y judicial se enfrenta a importantes limitaciones. Tal como advierte el Sindicato Unificado de Policía, intervenir en domicilios particulares conlleva investigaciones previas, además de obtener la correspondiente autorización judicial, lo que se traduce en un control complicado: mucho más complejo y menos inmediato.
El problema se agrava aún más si a esto se añade la presión sobre los propios agentes desplegados en la zona, quienes han llegado a afrontar serios problemas de alojamiento y falta de recursos logísticos previstos para su estancia.
Lo que hay que tener claro es que Ceuta no puede permitir que una situación de ilegalidad sustituya a otra. Pasar del asentamiento al aire libre a la clandestinidad en viviendas, además de inaceptable, supone una amenaza directa a la seguridad, la convivencia y el restablecimiento del orden público.
Por este motivo, resulta imprescindible dotar a las fuerzas de seguridad de las herramientas operativas necesarias, además de perseguir con firmeza las infraestructuras que se lucran con estos alojamientos ilegales, a lo que hay que agregarle una actuación judicial coordinada y eficiente que garantice el retorno a la legalidad.
