Martínez alegó que no le parecía nada lógico el tener que demostrar que no existe esta connivencia, pero que ante las insinuaciones que había realizado el portavoz de los socialistas, José Antonio Carracao, no le quedaba otro remedio que salir al paso de las mismas.
Incidió en que si hubiera existido connivencia entre el equipo de Gobierno y Urbaser, ésta habría quedado reflejada en algún tipo de decisión, cosa que nunca ha sucedido. Puestos a dar ejemplos, Martínez recordó cuando se produjo la negativa por parte de Urbaser a entregar los camiones y el Ejecutivo no tuvo otro remedio que ponerse en marcha para que ese paso se diera y que Trace pudiera trabajar en condiciones. De haber habido connivencia “hubiéramos reconocido esa deuda que decía Urbaser por los camiones y les habríamos pagado”, indicó. Luego siguió relatando que tampoco Urbaser les exigiría el pago por determinadas deudas que desde su punto de vista no habían sido abonadas por la Ciudad Autónoma, si hubiera existido dicha vinculación.
Como tercer ejemplo claro de esta negación de la connivencia está que se le podía haber ampliado el contrato a Urbaser para que hubiera seguido prestando sus servicios, sin necesidad de haber sacado un concurso público, buscando cualquier tipo de fórmula, pero “sin embargo, este Gobierno realizó el pliego de condiciones y siguió adelante con la licitación”.
La semana que viene se convocará una comisión informativa extraordinaria de Hacienda para dar cuenta del resultado del segundo informe solicitado por el Gobierno a los técnicos de la Consejería, dado que el mismo no está aún finalizado aunque ya se conocen las conclusiones preliminares de las que ayer se hacía eco ‘El Faro’. Martínez indicó que se informará del mismo en cuanto éste.
El Ejecutivo decide la incoación de un expediente administrativo para Urbaser
Una de las decisiones adoptadas por parte del Consejo de Gobierno que tuvo lugar en la jornada de ayer fue, precisamente, por un lado, la incoación de un expediente administrativo donde se incluirán los distintos informes que se deriven de estos análisis en relación con los pagos a Urbaser (es decir el efectuado por el técnico Federico Cuenca y también el que ahora mismo se está preparando por parte de varios técnicos y que se conocerá en su integridad la semana que viene).
Tengamos en cuenta que la intención de la Ciudad es pedirle a Urbaser esos doce millones y medio de euros que se han establecido como desviación en el apartado del precio único de amortización de la maquinaria. Pero por otro lado, también se incluirán todas las reclamaciones que ahora mismo hace Urbaser y que ha comunicado cuando ya había terminado su relación contractual con la Ciudad Autónoma. El mismo consejero de Economía y Hacienda cifra estas peticiones de la antigua empresa de la limpieza en unos quince millones de euros. Entre las peticiones se encuentran por un lado los débitos por demora en la realización de determinados pagos, los últimos meses de la prórroga del contrato o, por ejemplo, distintos trabajos efectuados durante algunos años de la contrata en los polígonos del Tarajal o el debido que supuso para Urbaser la subida de las pagas de sus trabajadores tras una huelga, al señalar que la Ciudad se comprometió a abonarlas. Pues bien, de todos estos puntos, en el único donde se muestra la Ciudad que está de acuerdo es precisamente en el retraso en abonar los últimos meses de la contrata.
Ahora, con la decisión de la incoación de este expediente administrativo se dará como es lógico y como marca la legislación vigente audiencia a todas las partes que tengan algo que decir. Lo que si dijo el propio Guillermo Martínez era que confiaba que el resultado fuera el más positivo para la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Donde sí parece que existe una opinión unánime por todos los que conocen un poco en profundidad todas estas cuestiones es, desde luego, en que al final las dos partes deberán verse en los Juzgados y que será un proceso largo, seguramente de varios años, porque no cabe ninguna duda que sea cual sea el resultado en primera instancia, al final se acudirá hasta el Tribunal Supremo. Por tanto, hablamos de una resolución que superará por supuesto la presente legislatura que aún está en su ecuador.
