Marruecos dice que quiere a sus menores. A los más de 2.000 niños registrados por la Policía Nacional en las entradas del 30 y 31 de julio en Ceuta, pero también a los que se presume que están todavía en las calles y asentamientos.
Dice que envía autobuses a la frontera para que esos menores les sean devueltos. Los mismos niños que entraron sin control alguno por el espigón. Adolescentes, niños muy pequeños e incluso bebés.
Los mismos que su propio país no cuidó ni protegió, permitiendo que una dejación absoluta del control de fronteras los pusiera en peligro.
Se está ante un problema político entre un país que alentó la escapada de sus menores para ahora reclamarlos y otro que cumple, como lo hace España, con la ley.
El propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, lo dejaba claro esta semana durante la visita cursada por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El país que organiza un Mundial
“No existe mejor solución que el reagrupamiento familiar en Marruecos y si no es en la familia, porque la familia esté desestructurada o no sea recomendable la acogida, los servicios asistenciales y sociales de Marruecos”, dijo en declaraciones a los periodistas.
“Si Marruecos es un país válido para suscribir convenios en materia comercial, en materia cultural, en todo ámbito; si Marruecos es un país válido para organizar conjuntamente un Mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores”, zanjó.
Ese Mundial de 2030, organizado junto a España y Portugal, que incluso ha causado los recelos de Vox.
El debate
Ese es el debate. Un debate local compartido también a nivel nacional por el propio PP. “¿El interés superior del menor? Es el bien jurídico protegido. Y ese es estar con su familia. Y Marruecos ha dicho que está dispuesto a recoger a todos los menores. ¿Por qué no se remiten los menores? Y si no hay una familia en Marruecos que lo reclame, Marruecos también tiene leyes de protección del menor, como tiene España. Nosotros tenemos que cuidar de nuestros menores, Marruecos tiene que cuidar de los suyos”, apuntaba Feijóo.
Al margen de lo que es política están las leyes y compromisos que deben acatarse evaluando cada caso.
El ordenamiento jurídico español prohíbe las devoluciones automáticas de menores de edad, debiendo realizarse una evaluación de carácter individual para garantizar la seguridad de esos menores. Eso recoge la ley y lo sabe la clase política.
Lo que se debe cumplir
También Marruecos, país que debió proteger a su propia población antes de facilitar su entrada en masa, lo que dejó más de 140 muertos a ambos lados de los espigones.
La Fiscal de Sala de Menores lo dejó claro esta semana: La atención y protección de los menores inmigrantes que acceden de forma irregular a España está estrictamente regulada por leyes nacionales y tratados internacionales.
Hay una "una serie de requisitos" que constituyen "garantías legales" obligatorias. Estas normas se recogen en "el Convenio Europeo de Derechos Humanos", "la Convención sobre los Derechos del Niño", "la Ley de Extranjería" y "la Ley de Protección Jurídica del Menor". Cualquier debate al margen de todo esto no tiene futuro.
