En una operación conjunta, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han asestado un importante golpe contra el narcotráfico con la detención de diez presuntos miembros de una organización criminal. Esto, tras el ataque a tiros a una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Huelva durante la madrugada del 17 al 18 de agosto, con información de interés también para Ceuta.
Este peligroso incidente concluyó no solo con las detenciones, sino también con la incautación de 5.926 kilogramos de hachís y la intervención de dos narcolanchas, consolidando una de las intervenciones más relevantes del año contra las redes que operan en la península.
Persecución extrema y ataque armado en alta mar
Los hechos se iniciaron frente a las costas de Huelva durante la madrugada del 17 al 18 de agosto.
Una patrullera de la Guardia Civil, trabajando de forma coordinada con una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera, detectó una semirrígida sospechosa de realizar labores de contrabando de estupefacientes y comenzó su persecución.
Los tripulantes de la narcolancha respondieron realizando maniobras evasivas de extrema peligrosidad, poniendo en grave riesgo la vida de las tripulaciones oficiales.
Para entorpecer la labor policial y tratar de dañar las embarcaciones de persecución, los delincuentes comenzaron a arrojar parte de su cargamento al mar.
Sin embargo, la violencia escaló drásticamente cuando los ocupantes de la semirrígida abrieron fuego directo contra la patrullera de la Guardia Civil.
Para repeler esta agresión y contener el peligro, los agentes oficiales se vieron obligados a efectuar varios disparos de contención. A pesar de los esfuerzos, una avería sufrida por la patrullera oficial durante la persecución obligó a detener el seguimiento, permitiendo que la narcolancha huyera temporalmente.
El asalto coordinado y el balance de las detenciones
Ante la extrema gravedad del ataque armado, las autoridades desplegaron con urgencia un dispositivo de búsqueda específico con el fin de localizar la narcolancha evasora, detener a sus ocupantes y recuperar la droga lanzada al mar o transportada.
Tras rastrear la zona marina, la embarcación fue localizada en una nueva ubicación en alta mar. Durante la mañana del 20 de agosto, las fuerzas de seguridad ejecutaron un asalto coordinado sobre la semirrígida y sobre una segunda narcolancha que le prestaba auxilio logístico y apoyo.
La operación se saldó con la interceptación de ambas embarcaciones, la incautación definitiva de 5.926 kilos de hachís y la detención de nueve tripulantes.
De manera simultánea, las autoridades detuvieron a un décimo integrante del grupo criminal. Este individuo, herido de bala a consecuencia del tiroteo con los agentes de la Guardia Civil, había sido abandonado por sus propios compañeros en la costa de Cádiz y posteriormente trasladado a un hospital en Puerto Real.
Este golpe policial ha sido posible gracias a la labor del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Unidad Especial de Intervención (UEI), la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Huelva, el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) y el Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA), todo ello coordinado por el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional.
#OperacionesGC | Detenidas 10 personas tras atacar con armas de fuego a una patrullera
📍 Aguas de #Huelva y costas de #Cádiz.
👮🏻♂️ Operativo conjunto del #ServicioMarítimo, #UEI, #UOPJ, #CRAIN y #VigilanciaAduanera tras sufrir disparos durante una persecución.
🔍 Quienes huían… pic.twitter.com/TH7xLJDnsn
— Guardia Civil (@guardiacivil) August 22, 2026
JUCIL exige la recuperación del OCON-SUR ante la escalada de violencia
Tras el violento ataque que ha desatado una profunda indignación en los cuerpos de seguridad del Estado, la asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL, ha alzado la voz exigiendo medidas urgentes e inmediatas al Ministerio del Interior.
JUCIL denuncia que el nivel de violencia de los narcotraficantes ha aumentado de manera alarmante, utilizando naves de gran potencia y armas de fuego directamente contra las patrulleras.
De igual manera, la asociación recuerda que este suceso ocurre apenas unos meses después de que en mayo dos guardias civiles fueran asesinados y otros dos resultaran heridos tras una colisión múltiple durante una persecución contra el narcotráfico en aguas de Huelva.
JUCIL denuncia que el desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico de Andalucía (OCON-SUR) debilitó severamente la capacidad operativa de la Guardia Civil justo en un período en el que las organizaciones criminales expandían sus actividades criminales desde el Campo de Gibraltar hacia las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Sevilla y otras partes de España.
Por ello, JUCIL reclama de forma imperativa restaurar esta unidad de manera permanente y bien dotada.
Medidas urgentes solicitadas al Ministerio del Interior
Para poder garantizar la integridad de los agentes de seguridad del Estado y erradicar la impunidad con la que operan estas mafias, JUCIL ha demandado la implementación urgente de las siguientes medidas estructurales:
- Declarar Huelva como Zona de Especial Singularidad: una medida imprescindible que debe traducirse en incentivos económicos y profesionales, prioridad en la provisión de destinos, facilidades para la conciliación familiar y cobertura urgente de plazas vacantes.
- La modernización de la flota de patrulleras: dotar a los agentes de barcos modernos, potentes y completamente adaptados para resistir y neutralizar las embestidas de las potentes narcolanchas del hachís.
- Protección física e integral: proveer equipamiento adecuado de protección balística, sistemas de comunicación eficientes y armamento moderno acorde al nivel de la amenaza actual.
- Protocolos frente a ataques armados y embestidas: desarrollo de protocolos de actuación específicos y una respuesta penal y judicial sumamente contundente contra quienes pongan deliberadamente en peligro las vidas de los guardias civiles.
- Reconocimiento como profesión de riesgo: que la profesión de guardia civil y policía nacional reciba formalmente esta consideración, garantizando los derechos de jubilación y protección social asociados.
Finalmente, JUCIL ha destacado que ocho años después del pacto firmado en 2018, los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional siguen sin ver cumplida una equiparación salarial plena, real y verificable con las policías autonómicas, lo cual consideran una afrenta directa.
La asociación recalca que la vida y seguridad de quienes protegen las fronteras contra el crimen organizado no puede depender de la fortuna o de su propia valentía, sino de una decidida determinación política del Gobierno español.
