EFE
La Cámara de Representantes de Marruecos se pronunciará en los próximos días sobre una propuesta de ley presentada por el grupo parlamentario del partido opositor Movimiento Popular, que busca endurecer las sanciones contra quienes fomentan la inmigración irregular de menores, en un contexto de creciente presión migratoria en las fronteras marroquíes, utilizadas como punto de tránsito hacia Europa.
En esta nueva iniciativa legislativa destinada a reforzar el marco jurídico contra la inmigración clandestina, el grupo parlamentario del Movimiento Popular presentó este lunes un proyecto de ley para modificar y completar la Ley nº 02.03 sobre la entrada y residencia de extranjeros en Marruecos y la inmigración irregular.
El objetivo es endurecer las sanciones y clarificar ciertos conceptos jurídicos ambiguos, en coherencia con los compromisos internacionales de Marruecos, tal y como recoge el medio alaraby.co.uk.
El fenómeno de la inmigración de menores no acompañados es uno de los problemas sociales más complejos que enfrentan numerosos países, incluido Marruecos, y está relacionado con factores como la pobreza, la vulnerabilidad social y la influencia de un mundo virtual que promueve la idea colectiva del llamado paraíso europeo.
En los últimos meses, el tema volvió a cobrar relevancia después de que numerosos menores marroquíes intentaran cruzar hacia Ceuta, en unos hechos extremos ocurridos el pasado 15 de septiembre, y de nuevo el día 30 del mismo mes, en respuesta a convocatorias anónimas difundidas en redes sociales.
Ante el impacto de esta inmigración irregular de menores marroquíes, el grupo parlamentario propone sancionar con penas de entre 5 y 10 años de prisión, y multas de entre 100.000 y 500.000 dirhams a toda persona que engañe o induzca a un menor a migrar ilegalmente.
La iniciativa también contempla penalizar la incitación, promoción o apología de la inmigración irregular, ya sea mediante la difusión de información engañosa o mediante apoyo directo o indirecto, con penas de entre tres meses y tres años de prisión, y multas de entre 50.000 y 100.000 dirhams (aproximadamente 5.000 a 10.000 dólares).
En reacción a la propuesta legislativa, Idriss El-Sedraoui, presidente de la Liga Marroquí por la Ciudadanía y los Derechos Humanos (organización no gubernamental), afirmó que una política punitiva por sí sola no es suficiente y puede incluso tener efectos contraproducentes, aumentando la vulnerabilidad de los menores.
En declaraciones a Al-Araby Al-Jadeed, El-Sedraoui subrayó que la inmigración de menores no es solo una violación legal, sino una manifestación clara del fracaso de las políticas públicas en áreas como el desarrollo, el empleo, la educación y la protección social.
A su juicio, en lugar de centrarse exclusivamente en castigar, es necesario adoptar un enfoque integral que aborde las causas profundas del fenómeno, como la pobreza, la exclusión, la pérdida de esperanza en el futuro, y reformar el sistema educativo para hacerlo más atractivo y orientado a la vida profesional y a las habilidades prácticas.
Asimismo, abogó por la puesta en marcha de programas de empleo dirigidos a los jóvenes que los integren en el circuito económico y los motiven a permanecer en su país, además de reforzar los medios educativos y de concienciación que ayuden a corregir conceptos erróneos y a fortalecer la cultura de ciudadanía y pertenencia.
“Necesitamos reconstruir la confianza entre el Estado y la juventud, no perseguirla. El menor migrante es más víctima de políticas fallidas que actor consciente de ellas”, concluyó.
Esta semana se ha abordado la situación de los menores en España, en el marco de la Sectorial de Infancia que ha tenido lugar contando con la participación de Ceuta que ha hecho alusión a la sobreocupación que sufre en sus distintos recursos.
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