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Luz verde a exigir transparencia patrimonial a directores generales y gerentes públicos

El PSOE defendió la propuesta como una herramienta contra la opacidad y en favor del buen gobierno

Con 21 votos a favor y una sola abstención, la Asamblea de Ceuta ha aprobado en el Pleno una propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista destinada a fortalecer los mecanismos de transparencia y buen gobierno en la Ciudad Autónoma.

La iniciativa plantea una obligación clara: que directores generales y gerentes de empresas públicas presenten una declaración de bienes al inicio de su mandato, en línea con la normativa que ya rige en la Administración General del Estado.

El portavoz socialista, Sebastián Guerrero, ha defendido la propuesta tomando como referencia la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado. Esta ley establece la obligatoriedad de que altos cargos ministeriales y ejecutivos hagan pública su situación patrimonial como muestra de compromiso con la ciudadanía.

Guerrero ha subrayado que la transparencia institucional no debe limitarse a los representantes políticos electos, sino que debe alcanzar también a aquellos cargos de libre designación, como los directores generales y responsables de empresas públicas, quienes, según sus palabras, gestionan fondos y recursos que pertenecen a todos los ceutíes.

Un paso más hacia el buen gobierno

“El ciudadano tiene derecho a conocer la situación patrimonial de quienes asumen puestos de máxima responsabilidad”, ha afirmado Guerrero durante su intervención. A su juicio, la transparencia debe ser “un pilar esencial” en la gestión pública, y Ceuta, como institución, tiene la responsabilidad de “dar un paso al frente” en esta materia.

La medida contempla que las declaraciones de bienes sean públicas, aunque con un límite razonable: se protegerán datos sensibles que puedan afectar a la localización de los bienes, preservando la privacidad y seguridad de los titulares. Esta fórmula busca garantizar el equilibrio entre transparencia y derechos individuales.

“Con esta propuesta reafirmamos nuestro compromiso con el buen gobierno y la lucha contra cualquier sombra de opacidad en la administración”, ha concluido el portavoz socialista, apelando a un cambio de cultura política más abierta y participativa.

Apoyos generalizados, pero con advertencias

El portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, ha expresado su respaldo a la propuesta, pero con un tono crítico. “Todo lo que sea transparencia, bienvenido sea. Lo malo es que siempre se aprueba pero después acaba en el cajón. No lo van a hacer en absoluto”, ha advertido, cuestionando el verdadero compromiso del Gobierno local con la aplicación de estas medidas.

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), su portavoz Nadia Mohamed también ha dado su apoyo, asegurando que una medida así “genera confianza en la ciudadanía” y que el acceso a esta información patrimonial refuerza el vínculo entre representantes y representados.

Por su parte, el portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha respaldado igualmente la iniciativa socialista, sin realizar mayores objeciones, valorando su impacto positivo en la cultura política local.

El Gobierno pone condiciones técnicas y jurídicas

El consejero Alberto Gaitán, en representación del Gobierno de la Ciudad, ha manifestado también su apoyo a la propuesta, aunque ha introducido matices importantes. “En el ámbito local, que es el que nos estamos refiriendo, habría que saber bien a qué cargos nos dirigimos exactamente”, ha señalado.

Gaitán ha insistido en que, antes de llevarla a cabo, será necesario elaborar informes jurídicos y técnicos que delimiten con precisión su aplicación, asegurando que cualquier paso se dará “conforme a la legalidad” y al marco competencial que tiene la Ciudad Autónoma.

La aprobación de esta iniciativa supone un nuevo intento por mejorar la rendición de cuentas en la administración pública local. Ahora queda en manos del Gobierno materializarla en el reglamento correspondiente y dar cumplimiento a un compromiso que, como recordaron algunos portavoces, ha sido reclamado reiteradamente sin ver avances concretos.

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