La lucha de un ceutí por una vivienda digna que termina en el juzgado

En ocasiones el sistema parece estar contra las personas. La administración se mueve por otros caminos ajenos a las necesidades de unos ciudadanos a los que precisamente deben ayudar. La historia del vecino de Ceuta, José Enrique Corrales, es uno de esos casos que representa una situación de vulnerabilidad extrema no atendida que va a terminar donde nunca debiera, en los tribunales.

José Enrique es arrendatario legal de una de las viviendas de Serrano Orive. Casado, es padre de dos hijos: una adolescente y un niño con TDAH que presenta necesidades especiales que han sido recogidas en informes médicos oficiales.

Él sufre también una discapacidad reconocida, requiriendo de muletas para su desplazamiento.

Su mujer es dependiente, tiene grado de discapacidad y está en tratamiento psicológico por la situación que atraviesa la familia que en nada ayuda a su recuperación.

Le adjudicaron una vivienda de una sola habitación para convivir 4 personas, debiendo hacerlo en unas condiciones que chocan con este cuadro de necesidad familiar extrema.

La única solución que encontró tras solicitar sin éxito una permuta de vivienda a Emvicesa fue ocupar la casa colindante que estaba vacía desde hacía tiempo.

Situación de vulnerabilidad

Nunca lo ocultó, siempre ha reconocido los hechos, pero aquel gesto fue el clavo ardiendo al que tuvo que aferrarse en un contexto de clara necesidad al que no se le daba la atención debida, para el que la administración no aportaba soluciones.

Expuso esa situación de vulnerabilidad de su hijo, de su propia familia. No le quedó otra que actuar ante la nula gestión de un sistema que tiene la obligación de mirar por las personas, pero que no fue capaz de reaccionar a tiempo, encorsetándose en una decisión no ajustada a este caso personal.

Nunca le dieron una casa ajustada a su discapacidad y a la que presenta buena parte de su familia.

Corrales no llevó a cabo una ocupación clandestina ni movida por un ánimo especulativo. Solicitó expresamente una vivienda más amplia a Emvicesa, una permuta, ya que existían casas desocupadas más ajustadas a su situación, con 3 de los 4 miembros de la unidad familiar afectados por discapacidad.

Desesperado, sin una respuesta favorable, ocupó la vivienda de al lado mirando por su familia y, especialmente, por su hijo pequeño.

Denuncia de Emvicesa, la lucha de David ante Goliat

En semanas, se tendrá que enfrentar a una denuncia penal interpuesta por Emvicesa por la ocupación de esa casa. Tendrá que sentarse ante un juez, aunque su caso rompa con ese perfil sometido a resolución judicial.

Su abogado Néstor García León defiende la naturaleza civil de este caso, pero nunca penal. La lucha emprendida contra esta injusticia es la propia de un David contra otro Goliat. Su objetivo inicial es solicitar la absolución de su cliente por atipicidad penal, al insistir en que se trata de un conflicto de naturaleza civil, sin una lesividad penal suficiente.

Con Corrales se cometió una injusticia, pero es que, además, Emvicesa la conocía porque les expuso en más de una ocasión cuál era su situación vital. Solicitó formalmente en varias ocasiones ese cambio de casa por otra de mayores dimensiones y ajustada a su situación.

Existía por tanto un claro estado de necesidad familiar que tuvo que ser afrontado por Corrales de la única manera que supo para preservar la estabilidad familiar en una historia marcada por unas circunstancias personales y sociales excepcionales.

Un padre desesperado

García León insiste en que su defendido no ocupó esa vivienda “por lucro ni especulación, sino para atender necesidades vitales” de su familia. De hecho, está dispuesto a regularizar su situación y abonar las rentas correspondientes.

Él no es ningún delincuente, es un padre desesperado que defiende a su familia vulnerable y que solo busca una vivienda digna para ellos. Y es que las hay, en la promoción de Serrano Orive hay casas vacías ajustadas a su caso. Solo es cuestión de gestionar los problemas ciudadanos que llegan a esta sociedad municipal de un Ayuntamiento que promulga evitar las discriminaciones sociales, pero incurre en ellas.

Un padre, unos hijos necesitados, unos informes médicos que avalan esas necesidades vitales soportadas durante tiempo no han sido suficientes para evitar esta situación. Existía una excepcionalidad no un antojo y justo al lado había una casa libre desde hacía meses, cerrada, sin uso.

“Ante el silencio administrativo y necesitando espacio para garantizar el bienestar del menor accedieron a la vivienda contigua”, explica el letrado. Y lo hicieron con la finalidad de “habitar dignamente, sin causar daño ni lucrarse”.

Emvicesa no intervino hasta meses después, no mostró una oposición inmediata al gesto de Corrales, que conocía. Ahora, en sus manos, el afectado tiene una citación para juicio el próximo 2 de diciembre. Su fallo ha sido buscar por sus propios medios las soluciones a esa clara falta de alternativas habitacionales para una familia vulnerable y desesperada.