Se sospecha que algunas empleadas estarían trabajando la jornada completa con un contrato parcial La práctica totalidad de las contrataciones realizadas a empleadas del hogar desde que se inició el proceso de regularización es a tiempo parcial, es decir, media jornada o 20 horas semanales.
La posibilidad de contratar a estas trabajadoras a tiempo parcial apareció cuando se inició el proceso de regularización, ya que anteriormente no cabía esta posibilidad, era una cuota fija y la jornada era completa.
Tras el cambio que se produjo en la normativa, se realiza un contrato entre las partes y la empleada cotiza en base a las horas que indique el contrato.
Según datos facilitados por la Seguridad Social, en enero de 2012 había 557 empleadas de hogar, cinco meses después, en junio, alcanzó las 615 afiliadas. Este periodo era de transición para el cambio que se produjo en el Régimen de Empleadas de Hogar, que pasó a ser el Sistema Especial de Empleadas de Hogar, es decir, su integración en el Régimen General, una medida nacional. Esta asimilación coincidió en el tiempo con la posibilidad de regularizar a las empleadas de hogar transfronterizas.
Esta nueva situación ha producido que a 31 de agosto de este año haya un total de 1.243 afiliadas, más del doble que cuando se inició el proceso.
Según los datos del mes de julio, casi la mitad, concretamente el 44,55 por ciento, de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social estaba enmarcada en el Sistema Especial del Hogar, que se ha ido haciendo cada vez más importante desde que se hiciera posible la regularización de trabajadoras transfronterizas.
Posible fraude
Tal y como ha podido saber este medio, los servicios de inspección tendrían la sospecha de que algunas trabajadoras han sido aseguradas a tiempo parcial y que estarían realizando más horas de las que marcan sus contratos, una práctica que estarían llevando a cabo algunos particulares con la intención de ahorrarse dinero en los seguros sociales de sus empleadas.
La lucha contra este fraude resulta complicada debido a que para llevar a cabo una inspección en el interior de una vivienda se necesitaría una orden judicial. De esta manera, la única forma posible de luchar contra este fraude sería a través de las denuncias de las propias trabajadoras.
