Los sirios acampados en la Plaza de los Reyes desde hace casi dos meses no lo están por estar sino ejerciendo sus derechos de “reunión y de crítica”, sin vocación de permanencia más allá de que se les permita cruzar el Estrecho y sin ninguna voluntad de regresar al CETI.
Los cerca de cien migrantes formalizaron ayer sus alegaciones a los expedientes administrativos que les ha abierto individualmente la Consejería de Gobernación, incluso a los menores, por su presunto incumplimiento de la Ordenanza de Buen Uso de los Espacios Públicos.
En los escritos refieren que su movilización no tiene vocación de “asentamiento” ni de mantenerse “más tiempo que el necesario para que la Delegación del Gobierno dicte las órdenes que nos permitan ingresar en la Península”.
Asesorados por el Servicio Jurídico de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), los migrantes recalcan en sus respuestas a la Ciudad que “el levantamiento cautelar de las tiendas de campaña supondría una actuación que vulneraría los derechos de los [41] menores y, en consecuencia, resultaría contrario a la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, generando una situación de desprotección que habría que vincular a la actuación administrativa” del Gobierno que preside Juan Vivas.
“El procedimiento sancionador que se inicia”, entienden los migrantes y la decena de organizaciones no gubernamentales que les respaldan, “confronta con el legítimo ejercicio del derecho de reunión política que consagra la Constitución” porque “la permanencia en la Plaza de los Reyes tiene un fundamento de reivindicación frente a la actuación administrativa por el excesivo retraso en la tramitación de las autorizaciones para el ingreso en la Península de los sirios que permanecemos en Ceuta”.
Desde su punto de vista, “sancionar” la acampada “supondría la limitación efectiva del derecho de reunión y de crítica que los ciudadanos poseen en relación con la actuación de los poderes públicos, más aún cuando se trata de una actuación que les incumbe personalmente y no afecta al tránsito de personas ni a la seguridad pública”.
Las alegaciones, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso ‘El Faro’, insisten en que la oferta de pernoctar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en el que permanecían acogidos desde que llegaron a la ciudad hasta el pasado 5 de mayo “vulnera el ejercicio de los derechos derivados de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados”.
Los sirios denuncian que esa infraestructura “no reúne las condiciones mínimas para la permanencia de familias completas con un mínimo de dignidad” ni creen que en ella puedan ser más fácilmente localizables que en la Plaza.
