El Salón de actos del Palacio autonómico acogerá el próximo miércoles a partir de las 18.30 horas la asamblea informativa que las Secciones Sindicales de UGT, CCOO y CSI.F en la Ciudad Autónoma convocaron ayer para “informar” a sus delegados y a los empleados involucrados “sobre la nueva situación en la que quedan los trabajadores de las empresas municipales a partir del 1 de enero de 2014”. El Pleno de la Asamblea aprobó hace un mes sin votos en contra la reestructuración del sector público periférico para “dar un paso más hacia la mejora de la gestión presupuestaria de la Ciudad mediante el afianzamiento de la estabilidad, una mayor eficiencia y compatibilizando todo ello con el mantenimiento del empleo estructural”.
La reestructuración, iniciada antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Administración Local, que prohibe la creación de nuevos Organismos Autónomos a las entidades con Planes de Ajuste en vigor, ha consistido, en la práctica, en la integración de Emvicesa en la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo (GIUCE) para crear el Servicio Regional de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda; en la incorporación de la Sociedad de Fomento Procesa y Servicios Tributarios (OAST) en el Servicio Regional de Tributos, Economía y Presupuestos; en la incorporación de Servicios Turísticos y el Parque Marítimo en el ICD para dar lugar al Servicio Regional de Turismo y Deportes; y en la suma de Obimasa, Obimace y Amgevicesa en un nuevo Organismo, el Servicio Regional de Medio Ambiente y Equipamiento Urbano.
Además de esto, con efectos desde anteayer, el 112 se ha escindido de Amgevicesa y ha dado paso al Servicio Regional de Emergencias.
Acemsa sigue siendo una sociedad mercantil 100% pública, como Puerta de África, y RTVCE se ha transformado en Entidad Pública Empresarial.
Contra esta reforma, que parte del principio de que “no se convierte a nadie en funcionario”, se ha presentado un recurso de reposición contra cada uno de los nuevos Organismos Autónomos creados, iniciativa que está pendiente de estudio y respuesta por parte de la Consejería de Hacienda y la Secretaría General de la Asamblea.
La reorganización, que pretende mantener el empleo estructural (hay unos 700 trabajadores directamente afectados) no producirá, según el Ejecutivo local, un aumento de la masa salarial de la Ciudad “ni implicará que se conviertan en funcionarios de la Administración local los empleados de las sociedades mercantiles que se integran en los organismos autónomos, ya sean estos preexistentes a la reestructuración o de nueva creación”.
