El recurso presentado ante el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional describe unos perfiles de los detenidos bien distintos a los que aparecen en las hojas, informes, grabaciones y documentos aportados por la Policía Nacional y Guardia Civil al juez instructor Ismael Moreno. Los presuntos terroristas yihadistas son presentados como vecinos del Príncipe que, en algunos casos, tienen a sus espaldas acusaciones de este calado de las que fueron absueltos, pero que nada tienen que ver con la organización de traslados de jóvenes a Siria. Es la noche y el día, son versiones radicalmente opuestos que vienen a construir una historia ya judicializada.
En el caso del considerado “referente del yihadismo en Ceuta”, el apodado ‘Marquitos’, el abogado García Montes recuerda que ya fue absuelto de la Operación Duna y que, por tanto, no resulta “coherente el hecho de adjudicarle el liderazgo de una organización a consecuencia de su anterior imputación”. Montes habla de un ‘Marquitos’ integrado en la barriada del Príncipe que, si conocía a los jóvenes que marcharon a Siria, es porque, viviendo en esa zona, es raro que alguien no se conozca. “Es asombroso que no se tenga en cuenta las dimensiones de la barriada, siendo absolutamente natural que mantenga relación con muchos” de los voluntarios que fueron a Siria, “por el simple hecho de coincidir en lugares no siendo necesario mantener un vínculo mayor con todos y cada uno de los ciudadanos que aquí viven”, señala. “Es natural que se conozcan, siendo absolutamente discordante que se le impute un delito de organización a banda terrorista”, añade en su escrito dirigido al juez. El mismo argumento lo extrapola García Montes al resto de detenidos, indicando que su integración en la barriada y en la sociedad debería haber sido tenida en cuenta.
El famoso letrado aporta una muestra de documentos personales de los detenidos para justificar que son personas integradas, que tienen, en su gran mayoría, trabajos u ocupaciones, y que para nada están relacionados con prácticas radicales. La religiosidad de alguno tampoco, señala, debe ser tenida como vinculación radical.
Dice de Abdelkrim C.A., alias ‘Chatarra’, que su trabajo como vigilante de seguridad es ejemplo de la integración, teniendo “como único objetivo sacar adelante a su familia y la estabilidad social y moral de todos ellos”. De Abdesamij L.A. defiende que no se sustenta la “estrecha vinculación” que se le hace con las organizaciones yihadistas, ni la acusación de que “siempre ha estado asociado a una alta actividad yihadista a través de las redes sociales”. “¿Realmente podemos considerar que el ser conocedor de la realidad que atraviesa Siria y vivir en un barrio como el Príncipe le implica de forma directa con los hechos que se le imputan?”, cuestiona el abogado. “El tener compañeros con unas direcciones ideológicas concretas no es motivo alguno para justificar que la finalidad de mi ponderante es seguir realizando todos y cada uno de los pasos que llevan a cabo sus amistades o conocidos”.
Especial mención se hace en el recurso al hecho de que tenga una minusvalía del 70%, lo que le hizo ser beneficiario del cupo ofertado por el plan de empleo, trabajando de conserje en un colegio. “Siendo más vulnerable ante cualquier situación, a pesar de ello declara que no tiene relación con los hechos”.
Respecto a las armas encontradas en los registros, García Montes también aporta justificaciones. En el caso de la encontrada en la vivienda de Mohamed H.M., recalca que uno de sus hermanos es militar profesional y alude a otro, consumidor de estupefacientes, al que se le relacionaría con parte de lo encontrado.
En su recurso, alude también a la religión sunita reconocida por uno de los detenidos, lo que, aclara, no le hace ser considerado un radical. El arma que se le encontró es propiedad de un hermano, algo que éste ha manifestado a las fuerzas de seguridad “sin que le hicieran caso a sus aclaraciones”.
Para Montes, en esta historia hay otros perfiles que nada tienen que ver con lo difundido.
