Nuevo plante a la NOJ. Mientras que de forma oficial se vende por entregas su dulce aplicación, en la realidad de los juzgados el panorama es bien distinto.
El conjunto de los funcionarios destinados en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción encargados de las tareas de guardia han suscrito un manifiesto muy crítico con las condiciones en las que van a tener que desarrollar sus trabajos. Advierten de que como consecuencia de su entrada en funcionamiento, se están ejecutando cambios estructurales en las oficinas judiciales, entre ellas las dependencias del Juzgado en funciones de guardia. “Hemos comprobado in situ que las dependencias donde se pretende meter al motor de ese Juzgado, es decir, el conjunto de funcionarios, no reúne las condiciones medioambientales, ni de espacio, que se encuentran recogidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como en los Reales Decretos que lo desarrollan”, denuncian los afectados, que han firmado un documento de queja para hacer visible el plante.
¿Y qué denuncian de esas dependencias? Varias cosas. La primera, la carencia de luz y aire natural, desconociéndose si los sistemas de climatización funcionan en esas estancias. La segunda, carencia de espacio, ya que “quieren ubicar a cuatro de los funcionarios que tienen que desempeñar la guardia en un despacho de reducidas dimensiones, donde además hay que añadir las mesas, sillas, armario, fotocopiadoras, fax o teléfonos”, apuntan.
Los afectados recuerdan algo que al parecer no se ha tenido en cuenta: que en esas dependencias deben comulgar con detenidos, sus abogados y las fuerzas de seguridad, lo que apunta a un hacinamiento absoluto.
“Debemos recordar que el Juzgado de guardia aglutina durante toda una semana cualquier hecho delictivo que ocurra en nuestra ciudad, es decir, todas las denuncias penales, recepción de atestados con detenidos (que en ocasiones su número aumenta con creces los treinta) atención al numeroso público, atención a profesionales... por lo que ha de entenderse que el espacio que se pretende dejar para dicha atención será ridículo, causando con ello un mal desarrollo en la actividad diaria de los funcionarios, que redundaría en la atención al ciudadano”, explican. Los afectados no están dispuestos a prestar sus servicios en estas condiciones y exigen al Ministerio que se adopte todas las medidas para acomodar dichas dependencias a la Ley de Prevención de Riesgos Labores, antes de que funcione, “ya que en caso contrario se estaría incumpliendo claramente la citada Ley”.
El Real Decreto 486/1997, en el punto de mira
Los funcionarios ponen por delante el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, para hacer valer las normas mínimamente exigibles en su lugar de trabajo para salvaguardar las condiciones de seguridad y salud. En dicha normativa se alude a las dimensiones de los locales de trabajo, fijando, por ejemplo, que debe haber 3 metros de altura desde el piso hasta el techo, 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador y 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. Piden que esto se cumpla.
