Los forenses tendrán oportunidad de preguntar a los facultativos que atendieron a la difunta con el objetivo de confeccionar el informe que determine la existencia de ‘mala praxis’ en la intervención realizada en el hospital privado Pascual, según pudo conocer este periódico.
El propio Instituto de Medicina, antes de emitir el informe, solicita tener acceso a la declaración de los dos médicos para aclarar algunos aspectos. El caso, que aún se encuentra en fase de instrucción, quedará completo con el estudio médico forense que apuntará a las causas exactas de la muerte.
Durante su primera intervención en el Juzgado por este caso, el cirujano plástico que la operó, Carlos Bueno, reconoció ante el magistrado que la paciente sufrió al menos dos perforaciones en el intestino durante la liposucción, pero mantuvo que el tratamiento que recibió a continuación fue el correcto. El otro cirujano imputado, Basualdo Arnedo, de origen argentino, se acogió a su derecho de no declarar. No obstante, los familiares de la fallecida reiteran que el director del hospital privado Pascual, D. Rivas, también debería testificar como responsable. “Los médicos, tanto los inculpados como los que no pero con responsabilidad en el caso, siguen realizando su trabajo y acaparando más dinero”, lamentaron con anterioridad los parientes de Encarni Salazar.
Como consta en el procedimiento, la paciente falleció tras cinco meses padeciendo fuertes dolores, según relataron sus familiares. Después de que le produjeran unas perforaciones en el intestino durante la liposucción, añadieron sus representantes, el servicio medico denunciado no detectó una peritonitis que se agravó durante seis días.
Los facultativos del hospital Pascual de la capital de la Costa del Sol extirparon un “trozo de intestino” y volvió a empeorar, de modo que a los 20 días regresó a quirófano para una intervención a vida o muerte, describió su familia, ya que la reducción de intestino practicada no dio el resultado que perseguía el medico. Optaron por una “extracción completa del intestino dejándole sólo 60 centímetros”, añadieron las mismas personas en un escrito remitido al propio Juzgado de Instrucción nº 13 de Málaga.
“Provocaron unos daños que no eran los que solicitó en su contrato de estética; no le detectan la peritonitis y durante cinco meses no recibe la atención adecuada para una persona con un cuadro clínico gravísimo además de negarse a aconsejar el traslado a otro hospital con mas medios”, expuso su familia en el documento de amparo judicial por la demora del juicio. Doce días antes de la tragedia, la ceutí fue trasladada al Carlos Haya, centro en el que ingresó con múltiples dolencias y murió tras un fallo multiorgánico. La familia expresó su descontento en varias ocasiones por el retraso en la celebración del juicio oral.
La tercera operación desconocida
Encarni Salazar, falleció el 1 de abril de 2008 después de cinco meses de “agonía y sufrimiento”, describieron sus familiares. Sus parientes, a partir de las afirmaciones de los forenses que se encargaron de la autopsia de la ceutí, pudieron conocer que fue intervenida una tercera vez, la cual nunca se comunicó ni a la paciente ni a los familiares. “Paradójicamente, las piezas extirpadas de esa operación no se remitieron para su análisis y así consta en el procedimiento”, continuó la familia Salazar. La operación de liposucción data del 7 de noviembre de 2007; a continuación, el 13 del mismo mes, el equipo médico procedió a la reducción de su intestino al sufrir una peritonitis grave; el 5 de diciembre se interviene nuevamente para una reducción total del intestino; el 11 de ese mes vuelve a quirófano para una tercera operación de la que, aseguran sus familiares, “nadie sabía nada”; el 20 de marzo de 2008 es trasladada al hospital Carlos Haya de Málaga; el 1 de abril fallece en la UCI del mismo centro sanitario. Además, los parientes de Encarni Salazar enumeran una lista de irregularidades cometidas durante la estancia de la ceutí en las instalaciones Pascual.
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