Unos días después de celebrarse las elecciones catalanas, cuando acabamos de celebrar los faustos del 34º aniversario de una Constitución que los españoles nos otorgamos libremente por segunda vez en nuestra historia, es triste descubrir y síntoma de verdadera preocupación que el 63% de los ciudadanos vean en ella una fuente de problemas en la democracia.
La política, y por ende la democracia, no pasan por sus mejores momentos, pero es la confusión del poder ejecutivo con el legislativo y el judicial, lo que consigue que todos los gatos parezcan pardos y se vea a la Constitución vigente como un legado embarazoso para determinadas cuestiones, cuando idealmente debería verse como faro, referencia hacia dónde y por donde deben encaminarse todos los esfuerzos democráticos. La Constitución debería situarse por encima de los tres poderes y no hacer de ella instrumento para llevar a cabo intenciones.
La primera afrenta que se le hace a esta carta magna viene por los nacionalismos catalanes y vascos, que acostumbrados a que ni el ejecutivo, ni el judicial les hagan acatar y cumplir la legalidad vigente, ningunean a la Ley.
No haría falta ninguna modificación de leyes educativas, ni sistema de sanciones por incumplimiento si simplemente se les obligara, como a cualquier otro ciudadano, a acatar la ley y cumplir las sentencias. Además, de qué sirve una nueva ley que no piensan cumplir y a la que al final nadie les va a obligar a someterse.
El temor a estos nacionalistas consigue amedrentar a buen número de nuestros políticos, y sacar de ellos declaraciones de indefinición que no gustan a nadie, olvidando que la Constitución se puede modificar, pero no es plastilina que se amolda a los proyectos políticos de unos u otros.
El desarrollo de la carta magna respecto a las autonomías de Ceuta y Melilla se ha convertido en un interrogante sine die en formas, fondo y tiempo, que en estos períodos de crisis económica y contable debería postergarse.
Otros asuntos de índole menor, pero que afectan a la sociedad como pudiera ser la heredad de la Corona en el primer varón, en pleno siglo XXI, es la redundancia de un sistema anacrónico que fue necesario y encomiable en el periodo de transición democrática, pero que hoy día es fuente de escandalosa preocupación y visión de un sistema, a todas luces injusto, con el que educamos a nuestros hijos. La garantía de un sistema constitucional no radica íntegramente en ella, la defensa de esta misma la deben hacer los tres poderes, y solo la sociedad debe decidir qué aspectos deben modificarse. Un parlamento dialogante, un gobierno fuerte, y un sistema judicial sólido e independiente deberían velar porque la Constitución saliese airosa de todos los desafíos a los que se enfrenta, y que no acabe como un guiñapo legal de parches y remiendos políticos.
La mejor forma de ahorrar en el gasto de personal, no es recortar a todos por igual, sino optimizar este recurso remunerando correctamente al buen trabajador y establecer un sistema de sanciones para aquel que las merezca. Mientras tanto, con estos salarios, no creo que se permitan el lujo de acudir a la huelga.
