Como gerente de
Emvicesa o como
viceconsejero de Vivienda, cargo en el que fue cesado en el BOCCE del 23 de junio de 2015, siempre fue un factótum en Ceuta. Vivas ha dicho que le chantajeó para seguir con un cargo.
Sea como fuere, ese año dejó la ciudad, recordaba
Antonio López a las puertas de la
sala de vistas de la Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz, donde se enfrenta a una
petición de 26 años de cárcel y de multa de casi seis millones de euros como supuesto
“cabecilla” de una “organización criminal” dedicada a vender la adjudicación irregular de VPO amasando millones de euros.
Comparte que desde entonces básicamente ha vuelto a la ciudad, donde conserva familia y amigos, para bodas, bautizos, comuniones y cumpleaños. Se ha cortado la melena que llevaba cuando fue detenido en febrero de 2017 y luce más delgado, aunque asegura pesar lo mismo: simplemente se ha puesto “más fuerte” y lo que ha perdido de abdomen lo ha ganado de músculo en pectorales y glúteos.
Corte de pelo ‘pompadour’, sigue vistiendo como un pincel: camisa blanca, americana oscura, pantalón beige y brillantes mocasines negros. Continúa desplegando la afabilidad en la distancia corta con la que ya se prodigaba en su etapa como político, cuando también fue diputado del PP en la Asamblea.
Este lunes fue de los primeros procesados en llegar a los pasillos de la segunda planta del ‘Ceuta Center’. Él, que viajaba a menudo fuera de España, lleva siete años sin pasaporte.
“Sigo viviendo en Marbella, como antes de que me detuviesen cruzándome coches por delante y por detrás como un peligroso delincuente, con los mismos amigos de siempre, haciendo lo mismo de siempre, dedicado al mundo inmobiliario, a la compra, acondicionamiento y venta de inmuebles... Como siempre”, resume junto a su letrado, José María Calero, dolido por la “falta absoluta de armazón probatorio” que desde el punto de vista de ambos existe para imputarle haber cobrado multitud de 'mordidas' a cambio de casas.
Ya tenía “muchas ganas”, dice, de llegar ante el Tribunal del
‘caso Emvicesa’, del que espera “una declaración de inocencia o, cuando menos, de absolución”. A la espera del veredicto que, presumiblemente, se demorará semanas si no meses, parece mantener el mismo trato afable con (casi) todos los que trataba a diario en la Asamblea y las oficinas de Fomento o Emvicesa.
“Colaborábamos con él, claro, como con cualquier otro”, alegan algunos de los trabajadores de la sociedad municipal que han terminado sentándose a su lado y el de la exconsejera Rabea Mohamed en la primera fila de los banquillos de acusados de la Audiencia Provincial. Susana Román y Mohamed Ali, como letrados, han sido autorizados a colocarse al lado de los abogado que llevan su defensa.
Los asientos, tan parecidos a los de cualquier iglesia modesta, carecen de reclinatorio. Todos los que se ubican en la primera fila, empezando por López, dicen estar más que convencidos de que saldrán indemnes de una causa que ven tejida con argumentos de película (afán de protagonismo, intereses espurios...) y no sobre pruebas o cimientos reales.
Enfrente de los magistrados de la Sala de la Audiencia, la
Fiscalía, la acusación particular y los más de veinte abogados de los 53 acusados y la Ciudad completan el auditorio cerca de 40 ‘clientes’ o ‘pagadores’ cuyo testimonio podría ser clave para inclinar el veredicto en uno u otro sentido.
Uno de ellos es el expresidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE), Laarbi Maateis, que ‘misbaha’ en mano espera paciente que reclamen su DNI en cada receso. Un familiar cercano apareció en la ‘lista fantasma’. “Yo jamás aceptaré ninguna conformidad porque no he cometido ningún delito”, deja claro.