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López ataca las escuchas del 'caso Emvicesa' para dinamitar la causa

Un informe pericial aportado por la defensa del exgerente de la sociedad municipal apunta que las grabaciones en las que se basa toda la instrucción están incompletas y, por tanto, “descontextualizadas”

por Gonzalo Testa
29/01/2022
López ataca las escuchas del 'caso Emvicesa' para dinamitar la causa
Imagen de archivo

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Todavía sin fecha para la vista oral del ‘caso Emvicesa’, que no se prevé que pueda celebrarse hasta después de verano, presumiblemente más cerca de Navidad que del Día de Ceuta, la defensa de Antonio López, el principal acusado, ha incorporado al sumario un informe tecnológico forense sobre las escuchas realizadas por la Policía Nacional que sustentan la macrocausa desde el principio. El dictamen alerta de que “de la ausencia de conversaciones e información completa y correlativa se desprende la omisión de información deliberada o accidental de la información extraída por el Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (SITEL) en un punto entre la información obtenida y hasta su entrega al juzgado y a esta pericial”.

“Se contrasta que esta circunstancia que afecta a las conversaciones de audio, a las grabaciones de audio y mensajería SMS, descontextualiza totalmente el contexto de las comunicaciones que se pretendían obtener”, por lo que concluye que “este fallo hace que no esté garantizada la integridad total de la información obtenida desde el Sistema SITEL y la descontextualización de las comunicaciones, alterando su sentido y contenido”.




El total de grabaciones recogidas durante la instrucción del caso suma más de 100 DVD

La defensa de López, que fracasó en su intento de recusar a los magistrados de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta para integrar el tribunal del juicio oral, lleva tiempo apelando a razones de forma para librarle de los 26 años de cárcel que pide para él la Fiscalía por los presuntos delitos de prevaricación continuada, falsedad de documentos en concepto de autor e inductor, cohecho continuado, promotor y director de organización criminal y blanqueo continuado de capitales. También se enfrenta a una multa de 5,9 millones de euros e inhabilitación por diez años.





En sus escritos ha denunciado que la magistrada que instruyó las primeras diligencias se “auto-atribuyó” la causa y después autorizó las intervenciones telefónicas y el registro domiciliario que le pidió un inspector con el que mantenía una relación “análoga a la matrimonial”.

El perito que dirige el informe participó en los casos de Diana Quer y Marta del Castillo

En relación con las escuchas a las que fue sometido, sus abogados no han dejado de censurar que fueron “masivas, indiscriminadas, prospectivas, desproporcionadas e infundadas”. Ahora, en el dictamen contrapericial recabado de la empresa ‘Lazarus’, todas las fuentes consultadas ven “mucha base” para hacer tambalear el sostenimiento de las grabaciones como pruebas y, con ello, la posibilidad de que se venga abajo no solo la acusación por cohecho, sino “todo el caso”.

“Los presuntos errores de procedimiento detectados, voluntarios o accidentales, parecen en algunos casos muy groseros, como no comprobar a qué identidades correspondían realmente todos los números de teléfono que se ordenó intervenir”, alertan fuentes conocedoras del sumario que también consideran “muy relevante” que el SITEL de las Fuerzas de Seguridad debería producir una serie de archivos de las grabaciones interceptadas sin procesamiento ni discriminación (lo captado no válido para la investigación en curso se depura en su análisis, sin afectar al bruto original).

Especialista mediático

Sin embargo, “en los dispositivos que se nos ha entregado, la secuencia de los ficheros evidencia que estos no siempre son correlativos y secuenciales”. “El proceso de obtención de las escuchas y la extracción que se sigue dentro del sistema de escuchas de SITEL garantiza la integridad de la información seleccionada y por lo tanto la inexistencia de duplicados, faltantes, alterados o incorrectos”, alerta el trabajo dirigido por el perito Manuel Huerta, que ha participado en casos de gran trascendencia mediática como los de Diana Quer o Marta del Castillo.

Los abogados de López también han solicitado la anulación de las grabaciones telefónicas practicadas en las diligencias por “falta de proporcionalidad y de motivación”, así como porque “lesionaron la intimidad” del ex gerente de Emvicesa y de decenas de ciudadanos “ocupando hasta 109 DVD con horas y horas de acceso indebido e ilícito a conversaciones privadas”.

“De todas ellas, solo han sido sometidas a cotejo judicial una mínima parte solicitadas por el Ministerio Fiscal, habiendo quedado el resto fuera de todo control judicial”, han denunciado sus letrados, que han remarcado que “de las decenas de horas de intimidad intervenidas la Fiscalía propone como prueba de cargo apenas unos minutos”.

Otra vez la teoría del fruto del “árbol envenenado”

Antes de recibir la contrapericial de ‘Lazarus’ que alerta de supuestos fallos procedimentales en la gestión de las grabaciones realizadas a Antonio López en el marco del ‘caso Emvicesa’, que de ser anuladas como pruebas podrían hacer tambalearse toda la macrocausa, según las fuentes jurídicas consultadas, la defensa del exgerente ya ha apelado otras veces a la teoría del “árbol envenenado” para intentar dinamitar esa parte fundamental de las diligencias que está en el origen de todo lo conocido después. La primera noticia de la presunta red dedicada a la venta de VPO apareció en una intervención telefónica: al tratarse de “un hallazgo casual” en una escucha “que no fue comunicado a la autoridad judicial para convalidación” se pidió el sobreseimiento de las actuaciones, lo que fue informado favorablemente por el Ministerio Fiscal y finalmente acordado. “Si aquella noticia fuera la primera y la falta de convalidación judicial del hallazgo casual la viciara de nulidad, debería proyectarse la misma sobre todo aquellas actuaciones derivadas de la misma”, ha venido reclamando la defensa de López hasta su último escrito.

Las claves

Macrocausa

Más de 280 años de cárcel y 54 procesados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta dictó hace casi año y medio auto de apertura de juicio oral contra 54 políticos, empleados públicos, captadores de clientes y particulares por su presunta vinculación a una red de adjudicación irregular de VPO en Ceuta.

Escuchas

Base desde el principio.

Las grabaciones telefónicas, fundamentales para el avance de las investigaciones desde el minuto cero, han sido uno de los puntos más atacados por la defensa de López, el principal acusado, tanto por su autorización como por su alcance y, ahora, por la supuesta “manipulación”, ya fuera voluntaria o accidental del resultado obtenido por el sistema que utiliza la Policía Nacional.

Consecuencias

Afectación a toda la causa.

Según las fuentes jurídicas consultadas, las escuchas son un pilar imprescindible del ‘caso Emvicesa’ y sin poder remitirse a ellas como evidencias probatorias no sólo se ‘caería’ la acusación de cohecho sobre López, sino gran parte o toda la causa.

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Comments 3

  1. Pepe comentó:
    hace 1 año

    Pepelino vamos a ver por favor no son todo casas de alquiler también han vendido varias promociones de vpo ha quien les ha dado la gana por ejemplo las del sarchal patio Páramo cuesta de parecíana y un sin fin total CEUTA corrupta por los cuatro costados. CEUTA HUNDIDA. ☹️☹️🚣🏼🚣🏼🚣🏼🚣🏼

  2. Pavana comentó:
    hace 1 año

    El pobrecito no tiene vergüenza

  3. Pepe gotera comentó:
    hace 1 año

    red dedicada a la venta de VPO?Pero si las viviendas que supuestamente hicieron adjudicar de forma fraudulenta son en alquiler!!!Nadie en esta macrocausa, empezando por el fiscal se pregunta quien pagaria ni un euro por el uso de una vivienda por 1 año?No se si la "macrocausa" esta afectada por la teoria del arbol envenenado, pero es la mas absurda que he visto jamas...el caldo de cultivo del descontento por las adjudicaciones existe en todas las ciudades:hay 170 contentos y otros 4000 demandantes cabreados.Deberian incorporar a la causa a los consejeros de fomento y funcionarios desde esa epoca...tienen la obligacion de hacer cumplir las condiciones de adjudicacion.Hay algun inquilino que no las cumple? accedieron a ellas con un procedimiento incorrecto?Pues a rescindir los contratos.Las cumplen todos los inquilinos? PUES ENTONCES, QUE SE VA A JUZGAR?Lo dicho, es absurdo.

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