Contábamos ayer la detención llevada a cabo por la Policía Local, al detener a un individuo que además de tener varias reclamaciones judiciales hacía uso de hasta 34 identidades distintas.
Tenía prohibiciones de entrada y había juzgados de la península que lo estaban reclamando. Aún así, estaba en la calle. Esta situación que debiera entenderse como anormal ha pasado a convertirse en lo común. Forma parte de las noticias a las que ya nos acostumbramos cuando no debería ser así. Hemos tenido casos de individuos detenidos en Ceuta que habían sido condenados por homicidios en la península y a los que, tras permanecer algunos años en prisión, se les aplicó expulsiones al vecino país. Nada descubro si les cuenta que ese periodo de expulsión lo incumplieron a los pocos días. Lo grave no es que podamos recibir un tipo de delincuencia que se genere en la propia ciudad, sino que delincuentes que han sido expulsados tras cometer delitos en la península terminen quedándose en la zona norte para, en cuanto pueden, cruzar a Ceuta y formar parte de esa bolsa de invisibles de la que tan solo se tiene constancia cuando se producen servicios como el narrado. Mientras, están ahí pero no lo están.
El problema lo es para Ceuta pero también para un norte de Marruecos en el que se asientan ciudadanos expulsados desde cualquier punto. Y mientras la frontera asoma como esa línea caduca, obsoleta, convertida en objeto de crítica política y receptora de inversiones completamente erráticas. Pero no pasa nada. Es otra página más.
