La reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana sigue su marcha en el Congreso. Lo que nos dice el ministro Fernández es que el Gobierno quiere garantizar mejor el derecho de manifestación. Pura ironía. La realidad es bien distinta, a juicio de muchos expertos. Frente a la cada vez mayor desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y en sus representantes, la respuesta de estos es una mayor represión y un endurecimiento de la legislación penal. Grave error.
Como nos dice el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Quim Brugue, en la actualidad existe una doble crisis de identidad. Por un lado, no se tiene confianza en los componentes del sistema político-administrativo. A los ciudadanos no les gustan ni las reglas, ni las formas, ni las personas que protagonizan el sistema. Por ejemplo, las reglas del sistema electoral no se perciben como adecuadas. Por ello, a su juicio, ha prendido con fuerza el lema “no nos representan”; y los partidos políticos, o el Parlamento, se ven como elementos nada útiles. Por ello también, se considera a todos los políticos como corruptos, y a los funcionarios como incompetentes e inoperantes. Por otro lado, tampoco estamos satisfechos con el resultado de este sistema. Por ello hay una enorme frustración ante la incapacidad para resolver nuestros problemas. Es el fracaso de las políticas públicas, que de una percepción abstracta está pasando a ser una experiencia concreta y personal de miles de ciudadanos. Por ello se construyen nuevas alternativas de trabajo comunitario, cooperativismo o recuperación de bienes comunes. Frente a todo lo anterior, sólo cabe una solución inteligente, la cual no es posible si no es dialogada. Los expertos hablan de profundización democrática y de gobierno abierto.
Lo que propone el actual Gobierno no es más que una nueva forma de reprimir la protesta social, como nos dice el Gabinete de Estudios Jurídicos de Comisiones Obreras. Así, en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal, incorpora los denominados “Delitos contra el orden público”. Y aunque formalmente su objetivo es contribuir a corregir comportamientos atentatorios contra dicho orden público, que no tenían un adecuado tratamiento penal, lo que se hace realmente es incorporar un catálogo de conductas delictivas que hasta el momento eran irrelevantes penalmente, o sólo tenían un tratamiento sancionador administrativo. En la práctica se va a ver gravemente afectado el régimen de libertades ciudadanas, pues lo que se hace es represaliar mediante nuevas modalidades penales, toda una variedad de formas de protesta social y de la libertad de expresión y de información, ampliando el concepto de la “paz pública sancionada penalmente”.
De la misma forma, se ha presentado otra iniciativa para modificar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que completaría la revisión del Código Penal. Lo que se pretende es suprimir las garantías judiciales al ampliar el poder sancionador de la autoridad gubernativa, eliminando el control judicial previo a la imposición de las multas económicas. También se amplía el catálogo de multas, que en algunos casos pueden extenderse hasta los 600.000 euros. Esta situación, lejos de suponer una visión garantista, objetiva y democrática del derecho sancionador, profundiza los desequilibrios existentes, alejándolo de una configuración democrática y compatible con el Estado de Derecho, pues atribuye a las fuerzas de seguridad y a la autoridad gubernativa facultades exorbitantes que limitan el ejercicio de los derechos fundamentales, suprime la garantía de imparcialidad y objetividad que dan los jueces, incorpora al procedimiento sancionador elementos que ahondan en la indefensión del ciudadano y no se provee de un verdadero sistema de recursos administrativos eficaces que reduzcan la litigiosidad, y la carga y costes a los ciudadanos.
Sin embargo, la solución por la que apuntan los expertos, que se puede aglutinar bajo la denominación de Gobierno Abierto, debería contar entre sus principales características con la de gobernar bajo un prisma de radical transparencia, en la que el acceso a la información de los ciudadanos sea fundamental; hacer una verdadera apuesta por la calidad democrática de las políticas públicas, relacionado con la involucración de la ciudadanía en el diseño e implementación de las mismas; reorientar el diálogo para favorecer la Administración inteligente, para que las políticas públicas se diseñaran y desarrollaran de forma transversal y multinivel, y buscando siempre la innovación; y por último, redefinir el ejercicio de la representación pública en el sentido de recuperar el valor de lo público, que es incompatible con políticos que se limiten a gestionar su “asalto al poder”, como ocurre cuando se adoptan decisiones en clave electoral.
Considero que todo lo anterior, a nivel general y, también en Ceuta, es fundamental para llevar a cabo una auténtica regeneración de la vida democrática. Este es el verdadero camino para salir de la crisis económica y de valores en la que nos encontramos.
