Ha sido uno de los juicios más complicados de los celebrados en Ceuta. 12 acusados que se enfrentan a penas de prisión por delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y constitución de organización criminal. Un delito difícil de demostrar, que requiere de investigaciones medidas al detalle, pero que a ojos del Ministerio Fiscal está más que claro que se produjo.
Hoy, ante el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta se ha esmerado en demostrarlo presentando una arquitectura bien hilada de datos para justificar que quienes se sientan en el banquillo son, en parte, miembros de clanes familiares que facilitaron la ocultación de bienes procedentes del tráfico de drogas.
Un grupo de acusados formado por FJ.R.L., CSP, N.A.M y M.A., constituiría una organización criminal cuya finalidad era cometer delitos contra la salud pública y un delito de blanqueo. En relación a las acusadas M.M.L., A.L.R. y A.P.L., una organización criminal con el objeto de lavar el dinero obtenido por los hermanos fugados con sus actividades ilícitas dentro del seno familiar. Lo mismo se extrapola al otro clan familiar.
Después de mes y medio de vistas judiciales, Fiscalía considera que se han dado los indicios suficientes para demostrar la comisión del delito, existiendo base para condenar a los acusados al quedar enervada su presunción de inocencia. Pudo haberse avanzado más en la investigación, pero en todas las profesiones hay manzanas podridas que burlan esas líneas que debían estar bien separadas entre los que delinquen y los que deben detenerlos.
En plena investigación, alguien alertó vía SMS que había un operativo en marcha desarrollado por la Guardia Civil y que los teléfonos móviles debían dejar de usarse. Consiguió lo que pretendía, que la Benemérita viera frustrado su trabajo. Nunca se supo quién envió ese mensaje, pero tuvo que ser alguien que conocía bien al detalle la evolución de los trabajos policiales.
Fiscalía considera que se han dado las pruebas suficientes para creer que existió una organización criminal relacionada con el narcotráfico y otra dirigida únicamente al blanqueo de esos capitales obtenidos de manera ilícita para lo que era necesario contar con personas de confianza, de ahí que casi la gran mayoría de los acusados o son familia o tienen relaciones entre sí.
El representante del Ministerio Fiscal estima que todos los bienes patrimoniales analizados tienen un origen oscuro, en concreto procedente del tráfico de drogas. El delito del blanqueo exige otro previo, por eso la Acusación expresa que antes de pasar por lavadora ese montante económico, se obtuvo mediante la comisión del delito.
“Desde el punto de vista expositivo, la prueba ha acreditado esa delincuencia previa y la organización criminal”, ha avanzado el fiscal en su exposición que se ha extendido durante buena parte de la mañana y la tarde.
Los hechos delictivos del blanqueo están acreditados por la existencia de indicios suficientes de la práctica del narcotráfico, siendo de interés las investigaciones de la Guardia Civil que se han incorporado a las actuaciones.
La investigación que da origen a todo este procedimiento arranca tras el visionado de unas imágenes en febrero de 2018 en el puerto deportivo, en las que se apreció al cabecilla de esta trama, fugado desde que la Guardia Civil irrumpió en su vivienda de Postigo, introducir 15 petacas en una embarcación.
En mayo de 2018 se aprecia al cabecilla y al acusado N.H. realizando la misma acción introduciendo 34 garrafas, comida, agua y un parasol.
"Desde el punto de vista expositivo, la prueba ha acreditado esa delincuencia previa y la organización criminal"
La Fiscalía considera que los dos hermanos fugados controlaban inicialmente la actividad del petaqueo, es decir, funcionando como auxilio a narcolanchas, dándoles de todo, así como relevo de tripulantes. “Lo acreditan las imágenes en las que se les ve saliendo del puerto deportivo y regresando con personas que no viajaban a bordo o con solo una”, ha destacado el fiscal. Algunos individuos, además, tienen antecedentes.
La Guardia Civil solicitó poner medios de control para no levantar sospechas mediante la colocación de sistemas que permitieran saber qué hacían en alta mar. “Esa medida se autoriza en marzo, pero no se ejecuta hasta julio de 2108. Desde marzo a julio, la Guardia Civil continúa con vigilancias y seguimientos, lográndose imágenes que son relevantes a efectos probatorios”.
En julio se autoriza la sonorización y escuchas del EDOA y es cuando se avanza en la investigación ya que se consiguen intervenir conversaciones de quienes estaban a bordo de las embarcaciones, confirmándose a través de esas grabaciones que hacían petaqueo y auxilio a narcolanchas. En la investigación “se fue de menos a más” en esas escuchas que previamente estaban amparadas con otros seguimientos.
Hubo obstáculos, los investigados eran profesionales, cambiaban teléfonos, mantenían conversaciones clave y usaban mensajes o encuentros personales para tratar de asuntos de narcotráfico empleando un lenguaje convenido. Ponían prudencia y celo.
Al principio la Guardia Civil se pensaba que practicaban solo petaqueo, pero además de esta actividad, se detectó que hacían gestiones con gente de Marruecos para dar un salto y adquirir droga teniendo contactos con narcos conocidos como ‘el gamba’ o ‘el gaita’.
Fiscalía apunta a que los acusados tenían contacto con personas del narcotráfico incluso a la ahora de adquirir bienes como un terreno en Marruecos propiedad de un narcotraficante conocido, Mohamed Chairi. Durante un tiempo las investigaciones no avanzaron porque el cabecilla cambió de móvil, por lo que los seguimientos a las embarcaciones resultaban claves.
La conducta procesal evasiva de los hermanos, el hecho de que sigan fugados 5 años después es otro “poderoso indicio” de su dedicación al narcotráfico, sin tener miramiento alguno en abandonar a sus familias. “De qué huyen los investigados, por qué temen enfrentarse a la justicia si no han hecho nada malo”, se ha preguntado el fiscal. “Cómo se mantienen económicamente viviendo en Marruecos durante más de 5 años si no es con esas ganancias del narcotráfico”, se ha cuestionado.
Su negocio tenía tarifas golosas: 500 euros por relevo de cada persona, 10.000 por cada 50 petacas de gasolina que transportaban.
“Primero empiezan con petaqueo, se detecta gracias a la sonorización que iban a dar salto a la compra de droga, todo ello fruto de los años en los que los hermanos se dedicaban a esto, llegando a tener una red de relaciones sociales en Marruecos”, llegando a intentar un pase de drogas que quedó frustrado.
El 21 de octubre los implicados encuentran la baliza en la embarcación y poco después reciben ese SMS de alerta de que estaban siendo investigados. El desarrollo de la investigación queda comprometido y los implicados intensifican las medidas de autoprotección dejando de usar los móviles, lo que hace sospechar que pudieron llevar a cabo un pase de drogas no descubierto.
Fiscalía da por acreditada la existencia de una organización criminal marcada por su estabilidad y permanencia en el tiempo, con una estructura organizada con reparto de roles.
En la cúspide se ubica a los hermanos fugados y debajo el resto. Por un lado, algunos acusados se encargaban de tareas logísticas, contactos, pilotaje de embarcaciones o aviso de presencia policial, mientras que otros facilitaban el blanqueo.
Para la Fiscalía hay una clara acción delictiva con reparto de tareas, disposición de embarcaciones, vehículos, teléfonos, tarjetas de prepago, raquetas para detectar balizas e inmuebles para almacenar embarcaciones.
Queda acreditada, mantiene, la existencia de una organización criminal para tráfico de drogas que viene a confirmar el blanqueo. Los acusados, a pesar de tener ingresos de sus actividades, obtuvieron elevados beneficios y manejaron grandes cantidades para adquirir bienes de todo tipo, sociedades mercantiles y caballos, además de inversiones para ocultar a través de esas acciones las ganancias obtenidas por el narcotráfico, sirviéndose de cónyuges o parejas de hecho para otorgar apariencia de lícita apariencia.
La policía local y licenciada en derecho, M.M.L., simuló un divorcio con el cabecilla de la trama con ánimo de ocultar esos bienes procedentes del narcotráfico y para ponerlos a salvo.
Mantiene el Fiscal que se pusieron de acuerdo para simular el divorcio y traspasar a la acusada la mayoría de los bienes comprados.
Existía por tanto una relación de confianza y convivencia. Ha destacado el fiscal que la acusada, por su profesión, sabe perfectamente lo que es delito y debía conocer las conductas estiladas por su marido.
La pareja mantiene un nivel de vida superior y materializa un divorcio que “no es real”.
"En el vestidor hay ropa del marido, existe una gran confusión matrimonial, ella sigue abonando gastos del marido y familiares, seguros, cuotas sindicales…"
“Estamos de acuerdo con el atestado policial, ninguno de los efectos propios del divorcio se ha dado y el comportamiento se aleja de cualquier caso así”, ha recalcado.
“Ha sido un divorcio de conveniencia. Han seguido teniendo una relación afectiva, de marido y mujer. Se ve en las transcripciones de las conversaciones, en las idas y venidas a Marruecos, resultando incluso condenada por quebrantamiento. Descartamos que esas salidas sean por labor de su abogacía. En el vestidor hay ropa del marido, existe una gran confusión matrimonial, ella sigue abonando gastos del marido y familiares, seguros, cuotas sindicales… y pide 3 años después del divorcio un préstamo para que el marido adquiera una nave. No hay rastro del pago de la pensión de alimentos…”, ha destacado para justificar que no existe esa separación.
Fiscalía ha destacado el anómalo reparto de bienes efectuado y estima que el divorcio no fue más que una “estrategia para atribuir a la mujer los bienes”, disponiéndose de “operaciones financieras sospechosas” y existiendo un desfase patrimonial evidente.
La declaración de los peritos aportados de parte “no desmonta la tesis acusatoria” porque se demuestra la desigualdad y además incluye cobros como abogada que no constan en ningún. Mantiene la Fiscalía que fue un eje fundamental en el blanqueo.
En los registros se hallaron además elementos incriminatorios en el domicilio como una raqueta o una muestra de droga. En la vivienda de Postigo había pruebas de almacenamiento de dinero ilícito al apreciarse agujeros en las paredes que podría evidenciar muestras de ocultación de dinero.
Mantiene la Fiscalía que queda demostrada la tenencia y manejo de cantidades importantes de efectivo. “Estos indicios, analizados en conjunto, demuestran no solo el conocimiento por parte de la acusada de las actividades delictivas de su marido, sino también su disfrute y participación en el sostenimiento del nivel de vida derivado de dichas actividades, por lo que ha de entenderse acreditada su participación en un delito de blanqueo de las ganancias obtenidas por su marido provenientes del narcotráfico, llevando a cabo un falso divorcio con el proteger el patrimonio adquirido con fondos ilícitos”.
“La acusada no solo tenía conocimiento de las actividades delictivas de su marido, sino que participó activamente en la ocultación y manejo de los bienes provenientes del narcotráfico, cumpliendo un rol esencial en el esquema de blanqueo de capitales”.
Para la Fiscalía, por parte de la defensa de A.L.R. se ha intentado transmitir la falsa idea de que su patrimonio se debe a toda una vida de abnegado trabajo y acertadas inversiones, presentando un endeble informe pericial que, curiosamente, intenta fijar en los años anteriores a los que llega el informe pericial de la Guardia Civil el momento en el que la acusada consigue amasar su patrimonio… “Si esto fuera realmente así, ¿por qué no ha aportado las declaraciones tributarias anteriores a 2009 que acreditan dicha capacidad económica? ¿O los resultados de las sociedades que puedan justificar ese patrimonio? ¿Por qué, a pesar de tales supuestos ingresos, la acusada cobra una exigua pensión?”.
“Es plenamente conocedora de que sus hijos se dedicaban al narcotráfico, convino con aquellos en prestarse a hacer de persona interpuesta para aparecer ante el tráfico jurídico y económico como la titular de sociedades mercantiles, negocios, bienes inmuebles, vehículos y fondos dinerarios que en realidad pertenecían a los fugados como consecuencia del producto obtenido con el delito. Este hecho viene demostrado por el hecho de que la acusada reside en la Finca Maestro Escuela, finca de su propiedad en la que sus hijos guardaban una embarcación semirrígida hallada durante la entrada y registro, junto a bolsas de plástico y máquinas envasadoras”.
La acusada, careciendo de permiso de conducir correspondiente, ha registrado a su nombre un total de 7 vehículos y 4 motocicletas de gran cilindrada, los cuales eran utilizados habitualmente por sus hijos. Asimismo, la acusada ha recibido 648 transferencias de alto importe, en su mayoría efectuadas mediante ingresos en efectivo, realizadas por su hijo Francisco Julián P.L. con el propósito evidente de ocultar el origen ilícito de dichos fondos dentro del patrimonio de la acusada, a pesar de que no le constan empleos desde 2007.
Particularmente relevante es su participación, a través de la sociedad Lumansa, en connivencia con su hija, en una operativa típica de blanqueo, según la cual su hija aportó a la sociedad 3 inmuebles valorados en 150 mil euros por los que recibió unas participaciones sociales que posteriormente sus hermanos adquirieron por el ínfimo precio de 1900 euros, causando a su hermana un perjuicio patrimonial que solo se explica por el hecho de en realidad esos inmuebles ya eran de los hermanos fugados, recuperándolos a través de esta maniobra societaria, contribuyendo así la acusada a encubrir el verdadero origen ilícito de dicho inmuebles, de forma que los hermanos les dieron así una apariencia legítima.
“A pesar de sus exiguos ingresos y la carencia de rentas del trabajo, ya que debemos recordar que su empleo en la hamburguesería era ficticio y que a pesar de suceder formalmente a su hijo en la explotación de la empresa de construcción y en el negocio de venta de la nave del Tarajal, acumuló deudas por valor de 318 mil euros, deudas que eran superiores a sus ingresos anuales y que se iban pagando mediante aportaciones de efectivo en sus cuentas realizadas en la mayoría de ocasiones por su hijo”, ha resaltado.
“La elección de estos familiares como titulares responde a la necesidad de recurrir a personas de absoluta confianza, con el fin de registrar los bienes a su nombre y garantizar el control y disfrute efectivo de los mismos, sin complicaciones futuras. Sin embargo, estos familiares, en su mayoría, carecen de empleo o actividad económica conocida, o, en caso de contar con ingresos, estos no son suficientes para justificar la adquisición de tales bienes ni el endeudamiento asociado. Este contexto lleva a concluir razonablemente que los fondos utilizados para adquirir estos activos y satisfacer las obligaciones crediticias provienen de actividades ilícitas, específicamente de los beneficios derivados del narcotráfico”.
Para la Fiscalía, la llamada A.P.L. al igual que su madre y en evidente connivencia con sus hermanos, colaboró en el delito de blanqueo al poner bienes a su nombre adquiridos con el producto del narcotráfico, con el propósito claro de ocultar el verdadero origen de los mismos.
“Su conocimiento del carácter ilícito de estas ganancias es evidente, ya que era pareja de otro acusado, quien colaboraba con sus hermanos en tareas de traslado de combustible ("petaqueo") y suministro de gasolina, además de realizar labores de vigilancia, según consta en el procedimiento”.
“La principal actividad de blanqueo atribuida a la acusada fue figurar como titular de una ganadería de caballos de pura raza española”, ha destacado. “El argumento de la defensa, según el cual la ganadería se puso a su nombre por una supuesta ‘tradición familiar’, es insostenible”.
Fiscalía ha destacado que durante el registro domiciliario de la vivienda donde convivía la acusada con su pareja se encontraron numerosos bolsos de diferentes marcas, un billete de 500 euros en uno de ellos y un total de 19.000 euros ocultos en un doble fondo de un cajón del dormitorio. Además, se hallaron varios relojes de alta gama. “Estos objetos se almacenaban en el interior del domicilio y se cree que proceden de las actividades delictivas de los acusados”, ha apuntado.
“No resulta creíble que esta cantidad de dinero corresponda a la recaudación de la hamburguesería, ya que está acreditado que el dueño del negocio es su hermano, siendo lógico que él manejara esos fondos y no su hermana. Además, según las intervenciones telefónicas, se sabe que este negocio generaba aproximadamente 3.000 euros netos al mes, por lo que no tiene sentido que en la vivienda de la acusada se acumulara el beneficio de más de seis meses”.
Para la Fiscalía, el conocimiento que tiene del origen ilícito del dinero es evidente “puesto que participa directamente de las actividades de narcotráfico con sus cuñados y el resto de acusados”.
“Su labor consistía en realizar funciones de vigilancia y surtir de petacas de gasolina a la organización”, ha apuntado, reseñando que se le aprecia a bordo de una embarcación y tiene vínculos por tener un hermano condenado por tráfico de drogas, y porque realizó una transferencia bancaria a Mustafa Chairi para la compra de unos terrenos en Marruecos, siendo que Chairi es un conocido narcotraficante marroquí.
¿Por qué se le relaciona con el blanqueo? Por la recepción y transferencia de un préstamo bancario de 28.000 euros, por depósitos en efectivo de origen desconocido ya que, durante los años 2018 y 2019, el acusado recibió en su cuenta bancaria depósitos en efectivo que sumaron un total de 17.500 euros, sin que se haya podido determinar su procedencia.
"El costo del vehículo excede significativamente sus capacidades económicas como empleado de una tienda de moda"
También por un préstamo ficticio de 32.400 euros mediante contrato privado: el cabecilla fugado le otorgó al acusado un préstamo que en realidad se utilizó para pagar el precio total de los terrenos en Marruecos. “No hay constancia de que se hayan devuelto las cuotas de este préstamo”.
A esto añade la compra de un vehículo de lujo Audi Q5 por 55.389 euros con las ganancias supuestamente generadas por el narcotráfico: “El costo del vehículo excede significativamente sus capacidades económicas como empleado de una tienda de moda”, así como “hallazgos en su domicilio durante la entrada y registro: 19.500 euros ocultos en un cajón con doble fondo, 67 relojes entre los cuales había un Rolex, Breitling y Cartier, numerosos móviles y tarjetas SIM que utilizaba en sus labores de vigilancia y para comunicarse con los restantes acusados”.
“Estas acciones ilustran métodos comunes de blanqueo de capitales, donde fondos de origen ilícito son introducidos en el sistema financiero, ocultados a través de transacciones y finalmente utilizados para adquirir bienes que no corresponden con los ingresos legales del individuo”.
Fiscalía mantiene que la pareja formada por C.S.P. y R.T.M. también están implicados en la comisión del delito.
“Él desempeñaba un rol esencial dentro de la organización delictiva al ser la persona que pilotaba las embarcaciones que transportaban la droga, habiendo demostrado gran pericia en esta labor”, ha expuesto.
Fiscalía ha recalcado que está encartado en otras diligencias seguidas en Vélez Málaga al haber alquilado (pagando al contado la renta de un año) una nave industrial en cuyo interior se hallaron 3 embarcaciones semirrígidas neumáticas, 5 motores y 3.000 litros de gasolina. Asimismo, la embarcación North Ribs que fue hallada en la Finca Maestro Escuela la compró su hermano.
"Regresó a España al fracasar su aventura empresarial en Marruecos, lugar en el que todos sabemos, por su menor nivel de vida, los trabajos se pagan peor que en España"
La Guardia Civil de Málaga, a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), también detectó que una embarcación de fibra se acercó en alta mar a una narcolancha neumática semirrígida. Tras este encuentro, la embarcación de fibra se dirigió hacia la playa El Ángel en Estepona. Los observadores del SIVE enviaron una patrulla que confirmó que uno de los tripulantes de la narcolancha desembarcó en la orilla mientras la embarcación regresaba mar adentro. El tripulante desembarcado fue identificado como C.S.P., quien, al ser interceptado en la playa, se negó a ofrecer explicaciones sobre lo sucedido.
“Por parte de la defensa del acusado se intenta demostrar que el patrimonio del acusado proviene de sus trabajos como operario de máquinas en Marruecos, sin embargo, no podemos estar de acuerdo con tal afirmación, que además carece de cualquier prueba documental que la sustente como facturas por los servicios prestados, extractos bancarios o declaraciones de la renta”, ha detallado el fiscal.
“De ser cierto que dicha actividad generaba grandes rendimientos económicos lo lógico sería pensar que el acusado habría continuado en dicho país ganándose la vida. Pero no fue así, ya que precisamente regresó a España al fracasar su aventura empresarial en Marruecos, lugar en el que todos sabemos, por su menor nivel de vida, los trabajos se pagan peor que en España”.
“Desde 2016, fecha en la que el acusado importa a España la maquinaria que trasladó a Marruecos, no le constan al acusado ni a su mujer rentas derivadas del trabajo por cuenta propia ni ajena, siendo los ingresos anteriores a 2016 de escasa cuantía. Durante este periodo incluso llegaron a acumular deudas que motivaron la incoación de procedimientos ejecutivos tanto por bancos como por el ayuntamiento de Pizarra. Si observamos sus cuentas bancarias veremos que se han nutrido de ingresos en efectivo sin constar origen ni impositor, y que la mayor parte de los ingresos se destinaron a satisfacer las deudas previas”.
Fiscalía ha destacado que no tiene fuentes de renta conocidas, pero disponían de dinero en efectivo fuera de las cuentas bancarias. En su exposición ha destacado el manejo de dinero o la compra de un vehículo puesto a nombre de una persona con discapacidad a modo de “maniobra de conversión de los productos del narcotráfico”.
Además del coche se adquirieron otros bienes como una moto KTM que se puso a nombre de un hijo menor, entre otras gestiones. Para la Fiscalía todo esto demuestra “la existencia de rentas ocultas y ganancias no justificadas, ya que no provienen de elementos patrimoniales preexistentes ni de actividades comerciales legítimas. La conexión con la actividad delictiva, junto con las prácticas irregulares relacionadas con la posesión y el manejo de dinero en efectivo, son los elementos clave que permiten identificar procesos destinados a legitimar fondos procedentes del narcotráfico”.
El acusado N.A.M. se considera que formaba parte de la organización dirigida por los hermanos fugados, “realizando funciones logísticas, haciendo vigilancias, pilotando embarcaciones y proporcionando petacas de gasolina para hacer los avituallamientos a las narcolanchas, siguiendo siempre instrucciones de sus jefes”.
“Además, es propietario de una embarcación que se usó para el transporte de hachís, resultando condenado el piloto de dicha embarcación”. Se acredita “la comisión de un delito de organización criminal y existen sobrados indicios de su dedicación a actividades de narcotráfico” habiendo obtenido “importantes ganancias de dichas actividades delictivas que introdujo en el tráfico económico intentando darles una apariencia legítima”.
“Al igual que en el resto de acusados se observa una marcada tendencia a la adquisición de vehículos, motos y embarcaciones, sin que aparezca huella del pago en las cuentas bancarios, lo que implica que se abonaron en metálico procedente de sus actuaciones delictivas. Tampoco se registran en la cuenta bancaria, que siempre tiene saldos ínfimos, adeudos asociados a los consumos habituales de un hogar, tampoco adeudos por compras en comercios de alimentación y vestido debiendo satisfacerse, lógicamente, los gastos corrientes en efectivo”.
A pesar de tratarse de bienes de segunda mano, Fiscalía mantiene que en su mayoría exceden las posibilidades económicas del acusado, “lo cual unido a la existencia de imposiciones de efectivo de origen incierto, la escasez de uso de tarjetas de crédito o débito y la falta de domiciliación de recibos por consumos esenciales para una familia, nos llevan a sostener que disponía de dinero en metálico procedente del narcotráfico para poder hacer frente a la compra y adquisición de dichos bienes, transformando los fondos obtenidos ilícitamente”.
Fiscalía mantiene la acusación sobre el matrimonio F.J.R.L. y C.M.V. a los que se suman sus suegros y tía de la mujer.
El matrimonio “no ha tenido empleo ni oficio conocido en ningún momento, debiendo acudir al producto de las ganancias obtenidas con el narcotráfico para poder satisfacer sus necesidades. Tras su integración en la organización criminal liderada por los hermanos fugados, F.J.R.L. se dedicó a funciones como avituallar las embarcaciones, comprar petacas de gasolina y víveres, realizar labores de vigilancia, reunirse con los suministradores de la droga y viajar a Marruecos y localidades como Algeciras y Tarifa para perfeccionar los detalles del transporte de la droga, siendo esta última una de las funciones más profusamente desarrolladas por el acusado, a quien se le ha visto, fruto de las vigilancias operativas, teniendo reuniones en la zona de Algeciras y Tarifa con personas vinculadas al negocio del narcotráfico”.
"Se dedicó a funciones como avituallar las embarcaciones, comprar petacas de gasolina y víveres, realizar labores de vigilancia, reunirse con los suministradores de la droga y viajar a Marruecos..."
El representante del Ministerio Fiscal ha aludido a los resultados de las sonorizaciones como base de su implicación. “A pesar de que el acusado no ha trabajado nunca y que su mujer ha estado desempleada durante 13 años, ello no ha impedido al matrimonio disfrutar de un nivel de vida muy superior a sus posibilidades, como consecuencia de los fondos obtenidos con el narcotráfico”, ha insistido.
“Tras adquirir una primera vivienda en el Polígono Virgen de África en el año 2001, posteriormente adquirieron otra en el Edificio Robles II de la avenida Lisboa que constituye su domicilio habitual, destinando la vivienda del Polígono al alquiler, siendo éste el único ingreso legítimo y constante del matrimonio. Conscientes de la necesidad de convertir las ganancias derivadas del narcotráfico, puestos de común acuerdo con los padres de la acusada, adquirieron a través de éstos la vivienda del Edificio Robles por importe de 150.253 euros, declarándose recibidos con anterioridad la cantidad de 60.000 euros, sin constancia ni rastro de dicha cantidad en las cuentas bancarias de ninguno de los acusados”.
Los suegros habrían sido empleados como deudores hipotecarios. Para la Fiscalía se está ante operaciones maquilladas y asoman, de nuevo, una suerte de bienes de todo tipo tanto viviendas como vehículos.
Fiscalía se ha dirigido al tribunal exponiendo cómo el delito de blanqueo de capitales suele ser un delito del que se carece de prueba directa, lo que conduce a que su demostración se base en prueba indiciaria, una evidencia basada en indicios o circunstancias que, aunque no demuestran de forma directa la comisión de un delito, permiten al tribunal inferir su existencia a través de un razonamiento lógico y coherente.
“En el contexto del delito de blanqueo de capitales, la prueba indiciaria es especialmente relevante debido a la naturaleza clandestina de este tipo de delitos. Los delincuentes suelen utilizar métodos complejos para ocultar el origen ilícito de los fondos, lo que dificulta la obtención de pruebas directas. Por lo tanto, el tribunal debe prestar atención a indicios ya apuntados como transacciones financieras inusuales como las compras en efectivo de bienes de alto valor sin una justificación económica aparente los incrementos en el patrimonio que no se corresponden con los ingresos declarados o el uso de terceros, realizadas a nombre de personas que no tienen capacidad económica o interés aparente en dichos bienes”.
"Todo este conjunto de indicios demuestra la connivencia, la existencia de entramados familiares"
“El tribunal debe, por tanto, realizar un juicio de inferencia cuidadoso, asegurándose de que los indicios presentados forman un conjunto coherente y concluyente que demuestre, más allá de toda duda razonable, que el acusado ha cometido el delito de blanqueo de capitales. Este proceso garantiza el respeto a los derechos fundamentales del acusado, incluido el principio de presunción de inocencia, y asegura que cualquier condena se base en una valoración objetiva y detallada de las pruebas”.
Las explicaciones que han dado los acusados no son válidas, a ojos de la Fiscalía. Todos los ingresos derivan, según las defensas, de las economías sumergidas usando a familiares para evitar embargos. Todos son negociantes que compran y venden coches, todos son muy trabajadores a pesar de que no les consta oficio ni beneficio. “La vida no es fácil. Estas personas su única ocupación era el narcotráfico”, ha advertido el fiscal.
“Todo este conjunto de indicios demuestra la connivencia, la existencia de entramados familiares” puestos de acuerdo para, “aprovechándose de la confianza de los lazos de sangre, poner los bienes a nombre de personas” y permitir el desarrollo de esta operativa de blanqueo.
Las conexiones con el narcotráfico son cuantiosas a través de relaciones familiares, adquisiciones de bienes, participación en actividades o vínculos con propiedades, además de quedar constatados los beneficios obtenidos y la organización criminal.
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