La oficina del Defensor del Pueblo recibió 35 quejas durante el pasado año, un 85% menos que en 2010 cuando fueron 247 las presentadas. Entre esas quejas destacan fundamentalmente las cuestiones relacionados con los centros de inmigrantes, tanto el CETI como ‘La Esperanza’, además de los asuntos vinculados con la cárcel o la política migratoria, amén de cuestiones particulares y alguna educativa.
La memoria recoge, por ejemplo, la advertencia hecha por la Fiscalía al área de Menores de la Ciudad para que cierre el centro del Hacho, lo que ha motivado la elección del albergue de Hadú como lugar definitivo. También se alude a las vistas giradas al CETI destacando los avances logrados y haciendo hincapié en la necesidad de que los grupos familiares permanezcan el menor tiempo posible en el centro. A nivel general, en la memoria del Defensor destaca la recomendación que la institución hace a la Policía para que se erradique la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales y de “detenciones preventivas” de extranjeros que estén debidamente identificados. En materia de inmigración, también cabe destacar la preocupación de la institución por el tratamiento que reciben los menores extranjeros no acompañados y las condiciones de vida en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). En cuanto a la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENAS), el Defensor del Pueblo ha subrayado que las quejas relacionadas con la determinación de la edad siguen siendo una constante pese al informe monográfico y las recomendaciones emitidas el año pasado. Hechos como que sea la Policía quien realice las pruebas de edad y no la Fiscalía, o que se ponga en duda la fiabilidad de documentos oficiales aparecen.
