El conflicto laboral generado en la empresa Hércules parece ver la luz al final del túnel, especialmente largo para los trabajadores que, sin responsabilidad alguna, han sufrido y siguen padeciendo impagos que en el mejor de los casos suman tres meses sin cobrar sus retribuciones.
Una vez que el empresario ha manifestado formalmente su voluntad de renunciar a los contratos que tiene adjudicados actualmente, la Ciudad prevé una vez que refrende tal deseo hacer un encargo al medio propio Tragsa para que subrogue al personal y se haga cargo de la prestación de los servicios hasta que vuelvan a licitarse y tengan una nueva concesionaria.
La administración ha vuelto a padecer aquí los perjuicios de una legislación que no puede ser laxa para evitar desmanes, pero que a veces convierte en imposible la resolución en plazos razonables de problemas como el acontecido.
Durante meses la Ciudad Autónoma ha tenido que seguir adjudicando concursos a la compañía que estaba dando claros apuntes de desplome, a la que ni siquiera tenía capacidad no ya de rescindir los contratos vigentes ni dejando de pagar a su personal, sino ni siquiera de impedir que se hiciese con otros nuevos. En ese entuerto burocrático los principales perjudicados han sido los trabajadores, aunque también el conjunto de la ciudadanía, ya que la prestación de los servicios también se ha visto directamente afectada por el conflicto generado. Es necesario hacer posible la inclusión de cláusulas que permitan actuar sobre las concesionarias de servicios que no destinen la contraprestación que reciben a lo que deben, así como que haya mecanismos de intervención cuando los problemas estallan sin que se alarguen indefinidamente.
