La larga sombra del acoso sexual que no frena el Gobierno de Ceuta

Agosto de 2024. El Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta condena a un funcionario del Ayuntamiento por acoso sexual a una trabajadora.

La sentencia le impone el pago de 100.000 euros por los daños ocasionados y deja claro que existió una conducta anómala y “muy grave” del condenado hacia la trabajadora, quien estaba a sus órdenes en el Negociado de Información y Registro.

Febrero de 2025. El TSJA no quita ni una sola coma al fallo dictado por el juzgado de Ceuta, confirmando esa condena de forma íntegra y desestimando el recurso planteado.

Cinco meses después, el despacho de abogados Sevilla-Asencio, que defiende los intereses de la perjudicada, ha tenido que dirigirse a la Ciudad Autónoma y, en concreto, a la Consejería de Gobernación, para solicitar que se expediente a este funcionario, abriéndose un procedimiento disciplinario.

La Ciudad tendrá que contestar ante un hecho gravísimo como es una situación de acoso sexual que arrastra una batalla judicial de años hasta que se ha conseguido demostrar lo que estaba sufriendo la víctima en su ámbito laboral, el mismo en el que debería haberse sentido protegida.

Lo que piden los abogados de la perjudicada

Tal y como han explicado desde el despacho de abogados que lleva el caso a este periódico, la solicitud se registró formalmente el pasado 1 de julio, después de que se notificara la firmeza de la sentencia que dictó el TSJA.

Se han cumplido todos los pasos: existe una condena del Juzgado de lo Social de Ceuta que considera acreditada la vulneración de forma clara de la libertad e integridad moral de la demandante, y una posterior del TSJA que ratifica el fallo en torno a una conducta encuadrada en el acoso sexual de jefe a subordinada.

Lo que se viene a solicitar es que se abra un expediente disciplinario en base a esa sentencia firme por unos comportamientos ocurridos en el ámbito laboral que han quedado constatados y que evidencian que se produjo una “vulneración clara, sistemática y continuada en el tiempo de la libertad y la integridad moral de mi demandante”.

Un Ayuntamiento que debe responder

Básicamente se insta al Ayuntamiento a que actúe ante un comportamiento que fue sancionado por la autoridad judicial, pero que no ha tenido una clara repercusión en el ámbito laboral que fue donde se produjeron los hechos.

El pasado mayo, la propia consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, dirigía una carta a la ministra de Igualdad para alertar sobre la situación de vulnerabilidad a la que se podían enfrentar mujeres guardias civiles víctimas de acoso sexual.

Benzina pedía revisar los protocolos actuales para evitar situaciones de indefensión en la mujer.

De la intervención ante la galería de medios se pasa a la pura realidad. En el propio Ayuntamiento se ha dado uno de estos casos y, si bien la Ciudad no ha sido condenada, es conocedora de lo que pasó y de las consecuencias que esto ha tenido.

Existe un funcionario condenado por dos instancias judiciales, sin que hasta la fecha se haya producido una censura formal por estos hechos por parte de la Ciudad, teniendo que ser el despacho de abogados que defiende a la víctima el que tiene que instar a que se abra un expediente disciplinario al condenado.

La conducta sancionada

En ambas sentencias se consideró probado que la conducta de este funcionario llegó a un punto y dio pie a tal situación “de agobio” e “incomodidad” que los propios compañeros del Negociado estaban pendientes de cuando llegaba para entrar en el habitáculo donde estaba su compañera y evitar así que se encontrara sola.

No se consideró que existiera una responsabilidad solidaria del empleador por parte de la Ciudad, que resultó absuelta, pero ahora, en base a los hechos probados, se le insta a responder con firmeza expedientando a este funcionario condenado.