Reivindicar la necesidad de asumir la construcción de una sociedad en la que se reconozcan y garanticen las condiciones de igualdad y vida digna para las mujeres extranjeras debe ser uno de los objetivos fundamentales del 8 de marzo La mujer extranjera sufre una triple discriminación: Discriminación como MUJER, como TRABAJADORA y como INMIGRANTE .De cara a estas discriminaciones, deberían hacerse cargo la ciudadanía, los poderes públicos de ámbito local y nacional y las administraciones que trabajan a favor de la mujer.
Las condiciones del mercado laboral actual, los sectores económicos en los que se registran los niveles más altos de ilegalidad son los mismos en los que se ha concentrado la demanda de trabajo de extranjeros y, no por casualidad, los que registran mayores niveles de precariedad. De estos, las mujeres inmigradas y fronterizas, en el caso de nuestra ciudad, han sido reclutadas mayoritariamente en ramas caracterizadas por sus condiciones de inestabilidad y desamparo jurídico, como el trabajo doméstico y de cuidado, la hostelería y la prostitución.
En general, las mujeres extranjeras trabajadoras, contribuyen más de lo que perciben, y su colaboración en el mercado laboral y en el crecimiento económico no conlleva una contrapartida adecuada en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.
MUJERES EXTRANJERAS OCUPADAS EN TRABAJOS DOMÉSTICOS Y DE CUIDADO:
El trabajo doméstico que realiza la mujer fronteriza en nuestra ciudad es un trabajo degradado y precario, con horarios que llegan desde las ocho horas hasta las 24 horas en los casos de trabajadoras internas. El salario de estas trabajadoras va desde los 150 euros al mes hasta los 300 euros en la mayoría de los casos. No están aseguradas y por lo tanto no tienen derecho ni a la asistencia sanitaria ni a la educativa.
Además, los trabajos domésticos de cuidado de personas ancianas o discapacitadas constituyen un nicho laboral para estas mujeres y no les permite, ni siquiera ,el descanso del fin de semana completo.
Este trabajo tiene el agravante de que su demanda responde a la marcada deficiencia de servicios públicos que deberían ser asumidos y prestados eficientemente por el Estado.
MUJERES EXTRANJERAS TRABAJADORAS EN LA LLAMADA INDUSTRIA DEL SEXO:
Las mujeres que ejercen la industria del sexo son en su mayoría mujeres extranjeras y su ejercicio está sujeto a relaciones de explotación y abren espacios de impunidad a los traficantes de personas y al trabajo sexual forzado.
Dado que los derechos de las personas migradas y los derechos de quienes ejercen la prostitución son derechos humanos, urge la elaboración de una política de lucha contra el tráfico de seres humanos para su explotación sexual, que en lugar de fundamentarse en la aplicación de sanciones y la práctica de expulsiones respecto de las personas traficadas, supongan el reconocimiento de sus derechos laborales, sociales, judiciales y la prestación de ayudas específicas.
-El trabajo sexual voluntario requiere el reconocimiento de los mismos derechos que todo tipo de trabajo, sin que puedan mediar distinciones por nacionalidad u origen, por lo que se exige que quienes lo ejercen tengan acceso a la seguridad social y a la sanidad pública, a la consecución de condiciones laborales iguales a las de cualquier trabajador, al establecimiento de un salario mínimo y a la prestación de unos servicios cubiertos por el sistema de protección social general.
EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA:
La Mujer extranjera es especialmente vulnerable en situaciones de maltrato familiar. Las circunstancias de hacinamiento, acoso económico y marginalidad, en que vive un alto porcentaje de estas mujeres, extreman las condiciones de intolerancia y violencia doméstica. Muchas de ellas tienen miedo a denunciar porque carecen de la documentación necesaria de regularización de su situación administrativa. Esta principal carencia se añade las dificultades materiales, lingüísticas y administrativas que disuaden a la víctima de denunciar o solicitar garantías. Esta situación se agrava aún más en los casos en que la mujer extranjera, fronteriza en Ceuta, esté conviviendo con un español y tenga hijos, ya que su situación de vulnerabilidad y riesgo se acentúa al ser su pareja la que controla los recursos económicos de los cuales ella depende exclusivamente.
Ante esta situación, es urgente, adoptar nuevas normas y prácticas públicas que observen de manera no uniforme los casos de maltrato y protejan a la mujer extranjera víctima de este tipo de violencia de acuerdo con sus especiales circunstancias de vulnerabilidad y riesgo. La indiferencia y dejadez ante la desigualdad y la exclusión de las más débiles nos condenará a todos a vivir en una sociedad injusta .
