Nunca pensé yo que, para pagar una pequeña tasa de 34,09 euros a la Oficina Española de Patentes y Marcas, iba a tener tantas dificultades, ni a perder tanto tiempo. Pero así me ha ocurrido. Y, aunque ahora, una vez cumplida mi obligación, me parto de risa, la pasada semana, cuando, después de muchos días intentándolo, comprobaba que no había forma, me subía por las paredes. Hasta tramité una queja ante la Oficina de Consumo de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Quizás merezca la pena contar esta pequeña historia.
El asunto es que, para realizar determinado trámite de esta Oficina, me dirigí a un organismo de la Junta de Andalucía en Granada, que tiene la competencia delegada para gestionar patentes y marcas. Me emitieron un recibo con el importe de una tasa por este servicio, que debía pagar con carácter previo, para poder continuar con la tramitación en cuestión. Me dijeron que debía hacerlo en una entidad financiera, pero sin especificar cuál. Y aquí comenzó el pequeño calvario.
Las tasas son una exacción cuya personalidad ha sido muy discutida a lo largo de la historia. Como nos enseñaba el profesor Fuentes Quintana en la Universidad, a lo largo del tiempo se fueron perfilando como una exacción independiente, constituyendo una manifestación del poder de imposición del Estado, en referencia a las teorías de Seligman. Se trataría de una contribución coactiva para cubrir el coste de un servicio público, aunque independiente del impuesto, pues, mientras que este es parte de una carga común, la tasa se determina como pago por un privilegio especial, por la prestación de un servicio especial que el particular ha de abonar. Lo que yo no sabía era lo difícil que resultaba pagar (¡pese a la crisis económica!).
Fui a una entidad financiera en la que tengo cuenta. El empleado intentaba, una y otra vez, pasar por el sistema el código de barras de la tasa que me habían expedido. Pero nada. Imposible. Me fui a otra entidad, y la misma historia. Entonces llamamos a la oficina que nos tramitó el documento. Cuando le explicamos lo sucedido al empleado, inmediatamente nos dijo: ¡Claro!, es que hay una sola entidad financiera en la que se pueden tramitar estos pagos. Nuestra pregunta inmediata fue: ¿Y por qué no nos lo advirtieron? Es que no nos preguntaron, contestó con desparpajo. Después de más de 40 años trabajando como empleado público, que un recién llegado sea capaz de decirle esto a un ciudadano, ha de ser motivo de preocupación. Fundamentalmente por lo que indica sobre el grave deterioro de los servicios públicos. Es lo que algunos quieren.
Como se me acaba el tiempo de estancia en Granada después de las vacaciones, decidí continuar el trámite en Ceuta, suponiendo que allí lo tendría todo más a la mano. Fue así como acudí a primera hora, del primer día en la ciudad, a la entidad financiera que tramitaba el pago de estos recibos. Era un día de frio, humedad y lluvia. Yo, además, llevaba un tremendo resfriado. Entré a la única oficina que dicha entidad tiene en el centro, pero tuve que desistir. El local estaba hasta arriba de gente humilde que acudían a cobrar sus exiguas prestaciones sociales. Y de las dos cajas, había operativa sólo una. Igual hice al día siguiente, pero, por las mismas razones, tuve que volver desistir. Por fin, al tercer día, viernes, parece que la oficina estaba más despejada. Sólo tuve que esperar media hora.
Mi sorpresa llegó cuando la empleada que atendía la ventanilla de caja me dijo que no podía tramitarme este pago, pues eso se hacía sólo los martes y jueves, de 8:30 a 10:30h., como rezaba en un cartel que había allí colgado. Entonces le conté mi peripecia y días de espera. Me preguntó si tenía cuenta en la Entidad. Mi respuesta fue negativa. Entonces, me dijo, no puedo tramitarle el pago hasta la próxima semana.
Mi cabreo comenzaba a hacerse visible. No era posible que me pasara esto. ¡Yo sólo quería pagar una tasa!. Pero, la buena señora se mostraba inflexible. Entonces le pedí el libro de reclamaciones. Me dijo que tenía que pedírselo al director. Así lo hice y, este, me derivó a un propio, que me intentó convencer de que el sistema no les permitía tramitar esto fuera de los días y horas indicados. Le manifesté mi incredulidad de que esto fuera así y le dije que era una auténtica vergüenza que para cumplir con una obligación pública, hubiera que abrirse una cuenta en la entidad. Pero nada. No hubo forma. Entonces cumplimenté la hoja de reclamaciones y me fui visiblemente enfadado.
Volví a la casa con una sensación extraña. Estaba contengo por haber tramitado mi protesta, pese a que soy consciente de que no servirá para nada, pero preocupado, porque, después de una semana perdida, aún no había podido pagar la tasa. No podía comprender cómo se había llegado a una situación de deterioro de este calibre en los servicios públicos. Fue entonces cuando decidí probar entrando en la página oficial de la entidad vía internet, para ver si había algún método de pago electrónico. Y sí lo había, aunque nadie nos había informado de ello. En menos de 10 minutos tenía el pago efectuado a través de la pasarela de la Agencia Tributaria, y el recibo de haberlo hecho en mi correo electrónico. Me quedé perplejo. ¿Y toda una semana perdida por algo que se podía haber hecho en 10 minutos?, me pregunté. En parte, por mi culpa, ya que no tuve la precaución de comprobar si el pago electrónico era posible. Pero también por culpa del empleado público que no nos informó. Y mucho más, por culpa de una entidad financiera, incapaz de comprender que lo que gestionaba, en este caso, era un servicio público, más que un servicio financiero y una posibilidad de negocio.
La cuestión es, si debemos replantearnos que los servicios públicos estén en manos de entidades privadas. Y si lo están, si es necesario imponerles condiciones y controles, para impedir abusos de este tipo. Pero también, si un Estado democrático y de Derecho puede funcionar correctamente, poniendo determinados servicios en manos de empleados incompetentes e incapaces de ver que, ante todo, son unos servidores públicos. Que cada uno saque sus propias conclusiones.
