La rotura del Consenso de Washington

El conjunto de diez medidas de política económica que John Williamson (1989) consideró que serían la base para el triunfo de la economía capitalista frente al socialismo fracasado como sistema económico, fueron aceptadas por el “todo Washington” lo que en aquellos momentos eran las Organizaciones financieras con sede en Washington: FMI, Banco Mundial, Reserva Federal, Congreso de los EE.UU.
Estas políticas (disciplina fiscal, reordenamiento de  las prioridades del gasto público, privatización, liberalización de los tipos de interés, del comercio internacional, de la entrada de inversiones extranjeras, reforma impositiva, tipo de cambio competitivo, desregulación, derecho de propiedad), se suponía que serian el bálsamo que ayudaría a los países en vías de desarrollo, fundamentalmente de América Latina.
Para los países desarrollados permanecería como una sólida base del neoliberalismo, ya que se descartaba el estatalismo excesivo. De hecho las normas de política económica del Tratado de Maastricht de la UE, tienen una cierta similitud con las políticas del Consenso de Washington
La exclusión de la política de equidad teniendo en cuenta que América Latina es considerada la zona más desigual, de los países en vías de desarrollo así como la exclusión de problemas como el crecimiento, hicieron que la aplicación del “Consenso de Washington “no haya tenido el éxito esperado.
Sin embargo ese decálogo ha servido para estructurar la doctrina neoliberal,   determinadas modificaciones y en algunos casos, adiciones (desarrollo democrático, mejores niveles de vida,..) no solo dirigidos exclusivamente al incremento del PIB como se entendía inicialmente, han mejorado el Consenso.
En nuestro país y ciñéndonos en particular a las políticas de disciplina fiscal y de privatización podemos observar que la disciplina fiscal no se ha respetado, a pesar de la aceptación por los países de la U. Monetaria de respetar el 3% del déficit del PIB. En la actualidad esta más cerca del 8%, cuando deberían estar en el 6% a fin de año para alcanzar el 3% en el 2012. Las CC.AA han tenido gran culpa al no respetar lo establecido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ni en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, doblando algunas el déficit permitido. Ha tenido que haber una presión externa de la U.Monetaria para realizar un reforma Constitucional del artículo 135 que obliga al Estado y a la Comunidades Autónomas a adecuar sus actuaciones “al principio de estabilidad presupuestaria” y a no “incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos en su caso por la Unión Europea para sus Estados Miembros” que entrará en vigor a partir de 2020. En el nuevo texto de este artículo, impropio de una Constitución ya que debería haber sido sencillo, claro, y fácil de interpretar, el legislador ha optado por considerar la CE “cuasi” como un reglamento ya que entre otras cosas se lee:
“Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este articulo “y regulara:
a) La distribución de los límites del déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el caculo del déficit estructural.
Ahora bien de acuerdo con la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (Art 3.2): “Se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad o necesidad  de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Publicas”.
Este cálculo de la capacidad o necesidad de financiación es complejo. Hubiera sido más sencillo el haber rechazado el déficit y permitirlo solo en casos excepcionales. Chile no lo admite y su presupuesto ha de tener un superávit de 1% del PIB.
En relación con la privatización, otro de los pilares del Consenso de Washington si examinamos el inventario de entes del Sector Público pensamos que la privatización de gran parte de los cuatro mil entes públicos, pertenecientes al Estado, CC.AA y Entes Locales, sería muy beneficioso para nuestra economía y ayudaría en gran medida a reducir el paro, ya que si no se reduce el paro no habrá crecimiento.
El Estado posee 457 entes, distribuidos entre Sociedades Mercantiles, Entidades Públicas Empresariales, Agencias Estatales, otras Entidades de Derecho Público, Fundaciones, etc… Las actividades que abarcan son de todo orden; hípicas, de promoción inmobiliaria, seguros, ganaderas, agrícolas y se extienden tanto en el territorio nacional como en el extranjero. (CESCE: Brasil, Chile, México; Portel Maroc, … ) Otras llevan largo tiempo en liquidación (Rumasa. S.A, Barcelona Holding Olímpico, Sociedad Estatal de Actuaciones Conmemorativas del V Centenario del Descubrimiento de América).
Las Fundaciones es la nueva modalidad, así cada ente publico intenta tener su Fundación (entre ellas la del “Español Urgente”).
Cataluña, es la C.A. que más entes posee, 453 prácticamente como el Estado; el resto de autonomías alcanza los 2100 entes y los Ayuntamientos 1200.
Todo el conjunto perjudica seriamente el Presupuesto del Estado, por las subvenciones concedidas y las perdidas continuadas.
Indudablemente no todo debe ser privatizado ni lo que se privatice mal vendido. Por ejemplo, la Lotería Nacional. Aquí se ha dado el caso incomprensible de crear previamente a la venta fallida, una Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado (SEVALAE) para la venta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
La falta de seguimiento de estas dos políticas esenciales, la de disciplina fiscal y la de privatización rompen el Consenso de Washington con el consiguiente perjuicio para nuestra economía.